Este lunes 4 de enero una intensa jornada llevó a cabo la Comisión de Derechos Humanos -presidida por el senador Juan Ignacio Latorre- y que escuchó a la Fiscalía Nacional, a la Defensoría, al INDH, a la Comisión de Ética Contra la Tortura y a la hermana de Omar Jerez, en el marco del proyecto que concede indulto general por razones humanitarias, en el marco del estallido social de octubre de 2019.
Cabe señalar que la moción -presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, será estudiada, además, por las Comisiones de Constitución y de Seguridad Pública.
En la oportunidad, se repitió la tónica de la sesión anterior, en donde quedó de manifiesto que existen dos posturas ante el proyecto de ley y se instó a la revisión de la medida cautelar prisión preventiva.
El fiscal nacional, Jorge Abbott enfatizó su desacuerdo con la propuesta y argumentó que “el Consejo del Ministerio Público, el 14 de diciembre, estimó necesario hacer presente que este proyecto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social. El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de ilícitos tan graves como los que contempla, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino que también para el futuro (…)”.
“Además -prosiguió- se agravia a todo el sistema. El Ministerio Público estima que este es un proyecto absolutamente inadecuado y normaliza la situación de violencia”.
Cifras
Rolando Melo, de la División de Estudios Fiscalía Nacional, precisó que: desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de noviembre del 2020, contabiliza 38.247 casos, en donde destacan los ingresos de las fiscalías metropolitanas. Con respecto a las causas terminadas, indicó que los casos vigentes son 13.154, los casos terminados son 25.273, lo que lleva a un 34% de casos vigentes.
El promedio de edad de las personas en prisión preventiva es de 29 años y a la fecha, según expresó son 175, 100 de ellos por hechos ocurridos en 2020.
Por su parte, el senador Iván Moreira reiteró su desacuerdo con el proyecto y, en la misma línea del fiscal nacional, coincidió con su exposición y consultó si desde la Fiscalía existe alguna sugerencia para permitir acelerar los juicios de quienes están en prisión preventiva. Al respecto, el Fiscal indicó que el Ministerio Público ha insistido en avanzar en juicios orales por vía telemática y su aceleración.
Prisión preventiva
Sin embargo, a juicio del Defensor Nacional (s), Marco Montero, el proyecto pone el acento en un aspecto relevante: «el uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general». En este sentido se refirió al a sobre población de las cárceles, “el 2007 el 22% de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36% (…) Y un porcentaje muy amplio quedan absueltas o las condenadas no son privativas de libertad”.
En este escenario preguntó “¿cuán justificado es que una persona esté privada de libertad como medida cautelar?” y llamó a una “revisión seria y responsable de estas medidas”.
En la misma línea, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, hizo presente su preocupación por identificar los casos de imputados por delitos vinculados al estallido social y fue crítico con la prisión preventiva y con la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado.
Durante la sesión expusieron, además, la representante de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, Isabel Mayorga y la hermana de Omar Jerez, Pamela Jerez, quienes entregaron detalles de los episodios de abuso y el clima vivido durante las jornadas del estallido social.
Al respecto, lamentaron “que se ha criminalizado la protesta y se ha dado un discurso de guerra”. Ambas dieron a conocer “testimonios de presos políticos, la desesperación y angustia que viven”.
(Fuente: Senado).
