El delegado presidencial regional, Jorge Martínez, destacó la entrada en vigencia de la ley que fortalece la gestión policial y establece mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El nuevo reglamento es uno de los resultados que generó el Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública convocado por el Presidente Sebastián Piñera a comienzos de su mandato.
«Es una excelente noticia que el Presidente Sebastián Piñera haya anunciado la publicación de esta esperada ley que moderniza a las policías, pero especialmente a Carabineros. Esta viene a reforzar su institucionalidad interna y fortalece la relación de esa institución con las personas a través de un mejor control policial”, destacó el representante del Poder Ejecutivo en la región.
La nueva legislación introduce diversas modificaciones a fin de perfeccionar la institucionalidad, gobernanza, gestión, formación, el control del orden público y la subordinación a la autoridad civil por parte de ambas policías. Respecto a esto último, modifica la forma de relación de las policías con el Gobierno, estableciendo que ella se realiza por intermedio de la Subsecretaría del Interior y no mediante sus jefaturas de servicio.
“El texto legal modifica la forma de relación de las policías con el Gobierno – explicó Martínez -, estableciendo que ésta se realizará por intermedio de la Subsecretaría del Interior y no mediante sus jefaturas de servicio. Con esto las policías podrán seguir haciendo la ardua labor en el control de la delincuencia, pero con mayor control».
Control y evaluación
La nueva legislación modifica las leyes orgánicas de Carabineros y Policía de Investigaciones para reforzar el control civil sobre la dirección y gestión de ambas, reforzar la probidad, transparencia y rendición de cuentas, y mejorar la gestión financiera de las mismas.
Bajo ese criterio, establece para cada institución la obligación de elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con duración de a lo menos seis años, debiendo evaluarse y actualizarse cada tres años o cuando haya circunstancias que así lo ameriten. Esta evaluación se realizará mediante un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y estará a cargo del Alto Mando policial respectivo y de la Subsecretaría del Interior.
Además, incorpora un estatuto de probidad funcionaria que establece mecanismos de auditoría de declaraciones de patrimonio e intereses, incorpora la obligación de denunciar las faltas administrativas e instaura la obligación de implementar un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, el que deberá contar con mecanismos de denuncia anónima.
Agrega un estatuto de responsabilidad funcionaria, regulándose detalladamente aspectos de procedimiento; crea unidades de auditorías internas que deberán ser integradas preferentemente por profesionales civiles especializados en administración, finanzas, contabilidad o auditoría; e incluye un Comité de Auditoría Policial como instancia de control civil en materia presupuestaria, integrado por representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Hacienda y por un oficial general de la institución respectiva.
También, incorpora una enmienda a la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en el sentido de señalar que son sujetos pasivos de lobby no solamente los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y el General Director de Carabineros de Chile, sino también todos los oficiales generales o equivalentes de dichas instituciones; y establece la forma en que deberá ponerse su información a disposición de la sociedad civil.
Escuelas de formación
La nueva legislación entrega reconocimiento oficial a la Escuela de Formación de Carabineros y al Centro de Capacitación Profesional de la PDI, y permite que ambas instituciones entreguen títulos técnicos de nivel superior según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia. Para ello, establece que para ingresar a las instituciones se requerirá educación media.
Uso de la fuerza
Por otro lado, establece un principio general sobre uso de la fuerza en el actuar policial, estableciendo que ella podrá emplearse cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, debiendo, en la medida de lo posible, preferir medios no violentos ante de recurrir al uso de la fuerza.
