Columna de opinión / Corrupción: golpe a la credibilidad de las instituciones

Por Guillermo Fuentes Contreras
Director carrera Contador Auditor UCEN

En menos de seis meses, a los bullados casos de fraude en San Ramón y la falsificación de instrumento privado y malversación de caudales públicos en Vitacura –entre otras municipalidades- se suman ahora los gastos de pasaje y fletes fraudulentos en el Ejército.

Cuando en las organizaciones el control es mínimo y algunas autoridades se transforman en pilares del poder, se aplican malas prácticas en el interior de ellas a través de la malversación de fondos, el enriquecimiento propio, el lavado de activos, la colusión y el cohecho. En concreto; un nuevo fraude. Muchas veces, el control preventivo es tan simple que no requiere de tanta tecnología o de grandes sistemas. Basta revisar una rendición de cuentas con los respaldos como facturas, boletas o comprobantes de pago, para validar el gasto correspondiente.

Las organizaciones públicas bien estructuradas se sustentan en la aplicación obligatoria de un modelo de prevención del delito, justamente para reportar operaciones sospechosas, pero, en algunas instituciones definitivamente eso falló o nunca se aplicó. No es posible que en algunas de ellas, el canal de denuncia, que tiene el carácter de anónima, obligue al denunciante a entregar su nombre y la unidad a la que pertenece. ¿Será una práctica para callar a las personas?

Cuando la máxima autoridad municipal –o castrense en este caso- es el “rey” en la toma de decisiones; y a ello se suma la debilidad del sistema de gestión y control, los fraudes corporativos se fortalecen. Opera la racionalización, un elemento del triángulo del fraude, entendida como que “el fin justifica los medios”, actitud equivocada de quienes cometen o planean un fraude, tratando de convencerse a sí mismos, consciente o inconscientemente, de que existen razones válidas que justifican su comportamiento.

Las evaluaciones y seguimiento de procesos y de control interno deben ser permanentes, así como la implementación de alertas tempranas en puntos críticos para evitar actos de corrupción y cohecho. Hoy, más que nunca, se debe incorporar la auditoría forense como técnica preventiva del delito y no como detectora tardía en la lucha contra el fraude.

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