La alcaldía de Valparaíso, liderada por Jorge Sharp, presentó el pasado 21 de mayo a la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), luego que este lo obligara a entregar información sobre sumarios por acoso sexual y maltrato laboral que solicitó una ciudadana, “debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales y sensibles de contexto contenidos en la documentación que se entregue”, se informa por medio de La Tercera.
En el recurso el municipio afirma que la información solicitada “representa una infracción flagrante a la privacidad de los afectados en los sumarios” y que “razonar sobre la base de que el simple tarjado de los antecedentes (…) es suficiente para evitar la determinación de su persona es erróneo, toda vez que los sumarios contienen una serie de elementos que de manera sencilla pueden producir a que pueda determinarse de quiénes se trata”.
El director de Asesoría Jurídica de la municipalidad, Nicolás Guzmán, explicó a La Tercera que “esta solicitud de información, en los términos planteados, es lesiva de los derechos fundamentales de las personas involucradas, especialmente de las víctimas, ya que la publicación y eventualmente divulgación de su información personal o de los hechos que dieron lugar a los procedimientos en cuestión, muy probablemente producirá la consecuencia adversa de revictimización y una vulneración a su privacidad”.
«El organismo ordenó al municipio entregar la información requerida por una particular el 14 de enero de 2022, vía Ley de Transparencia, sobre el total de sumarios iniciados contra funcionarios y exfuncionarios municipales, de planta y a honorarios, por maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y discriminación entre 2017 y 2022, con individualización de la o el acusado y la víctima», se consigna en la publicación.
Antecedentes
La alcaldía rechazó la petición el 10 de febrero, “en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia”, argumentando que “el volumen total de los antecedentes consultados corresponde a 51 casos de denuncias por acoso y maltrato laboral y acoso sexual” y que “no dispone de personal exclusivo para atender ese proceso”.
Ante la negativa del municipio se presentó un amparo a la corporación, la que resolvió acogerlo “parcialmente” el 6 de mayo, “ordenando la entrega de la información sobre sumarios consultados y sus antecedentes. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública”. Asimismo, “rechaza el amparo respecto de la identidad de las víctimas y acusados (…) por cuanto su divulgación produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la esfera de su vida privada”, afirman.
En el dictamen el CPLT detalla que los fundamentos del municipio no resultan suficientes para acreditar que responder a la solicitud de información supone la distracción indebida de los funcionarios en el cumplimiento de sus labores habituales.
