Amplio apoyo recibió el proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias. La moción fue aprobada en general en la Sala en noviembre. Tras lo cual, volvió a ser analizada en la Comisión de Mujeres, donde el Gobierno presentó indicaciones a la norma. La principal modificación propuesta fue la creación del derecho a una pensión de las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida.
La pensión se obtendrá desde el momento en que la Dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género notifique a quienes sean reconocidos como merecedores. El beneficio se pagará hasta que, la o el hijo de la víctima, cumpla 18 años y será compatible con cualquier pensión o beneficio social.
El informe de la diputada Karol Cariola (PC), señaló que el monto ascenderá a $160.000 y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios. El reajuste de la pensión será el 1 de febrero de acuerdo al IPC determinado por el Instituto de Estadísticas.
Por su parte, la diputada Gael Yeomans (CS) informó que se estima que la norma beneficiará a 46 niños y niñas. Esto significa un gasto aproximado de 795 millones de pesos.
La moción también considera otras medidas propuestas por el Ejecutivo durante el trámite en las comisiones de Mujeres y Hacienda. Una de ellas señala que un reglamento regulará el pago de la pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.
Asimismo, la norma garantiza el fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia interpuesta ante las policías o el Ministerio Público.
El texto también señala que el beneficio será retroactivo para quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos. Además, establece que el gasto fiscal que irrogue su aplicación se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, la norma establece la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes comentan este delito. También se establece que quienes sean reconocidos como víctimas de un femicidio, accederán prioritariamente a beneficios y programas estatales, con el objeto de garantizarles un adecuado nivel de vida. La propuesta, que alcanzó el quorum necesario en cada una de las votaciones, pasó a segundo trámite legislativo al Senado.
