Inició el juicio oral en contra de Jaime Tomás Cabrera Almendra, a quien se le imputa el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, en calidad de reiterado, tras ser acusado de obligar a un grupo de haitianos a realizar labores en paupérrimas condiciones en Puerto Natales.
Las víctimas serían ocho personas mayores de edad, quienes llegaron los primeros días de enero de 2018 a la capital de Magallanes desde Santiago, según publica El Pingüino.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, por orden del imputado, otro ciudadano haitiano, Jameson Sant Fort, captó a un grupo de compatriotas necesitados de regularizar su situación migratoria en Chile, para ser llevados hasta Puerto Natales, donde debían prestarle servicios para él, previa compra de pasajes aéreos.
En Punta Arenas, las víctimas fueron recibidas y trasladadas por el imputado hasta Puerto Natales. No obstante, la acusación indica que el hombre les retuvo sus pasaportes y les indicó que la alimentación e indumentaria para trabajar serían descontadas del sueldo.
El imputado luego trasladó a las víctimas al kilómetro 10 de Villa Renoval, el que no se encuentra urbanizado, pasándoles un recinto guarnecido solo con material plástico, denominado comúnmente como “rancha”, en donde no hay conexión telefónica, ni internet, como tampoco servicios básicos de luz, calefacción, alcantarillado y locomoción a Puerto Natales.
La acusación dice que estas condiciones obligaban a las víctimas a mantenerse aislados, asearse y realizar sus necesidades básicas a campo abierto, bañándose y lavándose en las frías aguas de un riachuelo.
De esta forma, aparentemente, las víctimas debían ejercer el trabajo de recolección de turba y almacenarlos en sacos, cuya cuota mínima para recibir el pago era de 30 unidades. No contaban con la indumentaria necesaria, tampoco ropa de abrigo suficiente.
Asimismo, se asegura que los haitianos recibían $500 pesos chilenos por cada saco, a diferencia de los trabajadores chilenos, quienes recibían entre $700 y $1000. Las víctimas estaban presionadas a producir, puesto que, en caso contrario, no se les haría contrato, y, por tanto, serían expulsadas del país.
