El diputado Andrés Celis Montt junto al abogado Rodrigo Diaz Yubero llegaron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que el ente contralor realice una auditoria y su respectivo examen de cuenta por la Ordenanza de Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente de la Municipalidad de Valparaíso.
La decisión fue adoptada con el acuerdo del Concejo Municipal el 29 de julio de 2021 y ya ha generado discrepancias; incluso, en mayo de este año la Corte Suprema resolvió la ilegalidad de la Ordenanza, dando razón a lo planteado por el recurrente: “el acto administrativo emitido por la referida entidad edilicia es ilegal, pues excede sus competencias constitucionales y legales, vinculadas a la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, dado que interfiere en un asunto de alcance nacional como lo es el proceso constituyente”.
Respecto de la presentación en la Contraloría, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis Montt planteó que “Es sumamente simple, aquí el alcalde Sharp cree que puede hacer y deshacer de la forma que él quiera. Él casi impuso por esta mayoría que tiene para aprobar, una ordenanza de participación ciudadana. Pero no tan solo eso, sino que además autorizó y se dice en las actas que aquí se podía gastar dinero municipal y daba exactamente lo mismo, no importaba cuánto fuese el dinero. Y eso es un pecado social para una municipalidad, para una comuna de Valparaíso que lo está pasando mal”.
“Nosotros estamos recurriendo a la Contraloría para que se le exija al municipio que se haga una auditoría y además un juicio de cuentas. ¿Qué significa esto? Un control de cuáles son los gastos que efectivamente pudieron haberse irrogado con motivo de la ejecución de esta ordenanza ilegal. Pero que además la auditoría no la pague el Municipio de Valparaíso, sino que lo los concejales que aprobaron esto, que lo pague el alcalde Sharp de su bolsillo y que lo paguen aquellos funcionarios que no advirtieron o bien que finalmente autorizaron este despilfarro”, explicó el parlamentario del Distrito 7.
Por su parte, el abogado Rodrigo Diaz Yubero dijo que “lo que venimos a pedirle a Contraloría es que pueda realizar un control de cuáles son los gastos que efectivamente pudieron haberse irrogado con motivo de la ejecución de esta ordenanza, que es ilegal. Y en su mérito, ordenar o se instruya un juicio de cuentas para cautelar de manera adecuada lo que es el interés fiscal, el interés por proteger los recursos públicos, porque aquí lo que pensamos que ha ocurrido es que, bajo el pretexto de la participación ciudadana, se instrumentalizó esta para involucrar fondos municipales en fines que nada tienen que ver con lo que es el propósito que está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cual es satisfacer las necesidades de la comuna”.
“Por lo tanto, por esa razón venimos a la contraloría y esperamos que esto sea también una lección para proteger a una ciudad como la nuestra, cuyos fondos, cuyos recursos son escasos. Cada peso debe ser gastado para satisfacer las necesidades de Valparaíso y no para otros fines que se apartan por completo de la misión propia de un municipio”, agregó Diaz Yubero.
