Ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín Nº 16.132-06, proyecto de ley ingresado por el Presidente de la República que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales.
El presente proyecto de ley, modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, incorporando una nueva función a los gobiernos regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas. La nueva función permitirá a los gobiernos regionales diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos regionales en la materia y la celebración de acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades.
Asimismo, el proyecto de ley amplía la facultad con la que cuentan los gobiernos regionales de asesorar a las municipalidades en la formulación de planes y programas de desarrollo para poder colaborar, además, en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría encargada de la prevención del delito.
Además, se incorpora la facultad de crear una nueva división administrativa al interior de los gobiernos regionales, División de Prevención del Delito, encargada de las tareas de coordinación y gestión de las nuevas funciones.
Igualmente incorpora una nueva función a la Subsecretaría de Prevención del Delito con el fin de que esta pueda colaborar y entregar asesoría técnica a los gobiernos regionales.
Además, busca crear un comité ejecutivo consultivo y asesor del Consejo Regional de Seguridad Pública Interior como instancia de coordinación entre las delegaciones presidenciales regionales y provinciales y el gobierno regional; proponiendo estrategias a nivel regional; y sugiriendo medidas de implementación tendientes a enfrentar cualquier contingencia en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de atención y de asistencia a víctimas adoptadas en la región, todo en coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.
Fuente: Actualidad Jurídica.
