En el informe se evidencia que 54 niños y adolescentes fueron asesinados durante el año 2022, de los cuales el 91% correspondía a víctimas de sexo masculino. Estas cifras equivalen al 4% de víctimas de homicidio en el país durante el año 2022.
Ante el reciente “Informe Estadístico de Homicidios Responsabilidad Adolescente 2022″, realizado por la fiscalía, se dio cuenta de la cifra más alta de niños y adolescentes asesinados en siete años, hecho alarmante que da cuenta del alza de violencia en el país. En el documento además se precisa que las regiones más afectadas son la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, con la mayoría de los casos, mientras que la región de Tarapacá y Aysén presenta las tasas de prevalencia más alta por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes.
Debido a esta preocupante cifra, la parlamentaria e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, ofició a las autoridades a cargo de Mejor Niñez y ministros de Estado, como la ministra del Interior, Carolina Tohá y de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para que informen cuáles son las estrategias que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia está implementando para proteger a las menores víctimas de violencia.
“Estamos hablando de un tema urgente y alarmante, con un 57% de menores que fallecieron en medio de una actividad delictiva y es allí donde debemos actuar como Estado y proteger a nuestras infancias” declaró la parlamentaria, añadiendo que “esto subraya la necesidad de intervenir hoy -con medidas concretas y efectivas- en las comunidades a lo largo del país, para proteger a nuestros niños y adolescentes de entornos peligrosos y desarrollos delictivos”.
A través del oficio, la diputada busca conocer qué medidas de apoyo se están proporcionando a las familias afectadas por estos casos de violencia y el trabajo colaborativo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia con otras instituciones, además de conocer cuál es el proceso de monitoreo y evaluación que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia utiliza para evaluar la eficacia de sus intervenciones, así como el presupuesto con el que cuentan, entre otras informaciones.
“Esta es una verdadera crisis que vivimos en el sistema de cuidado de nuestros menores, y debemos ocuparnos hoy, erradicando de raíz esa semilla de violencia que se expande en nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema es ahora y necesita de toda nuestra atención y acción como Estado”, recalcó Morales.
