La situación, que involucra la suspensión de contratos y pagos a una empresa proveedora, así como la emisión de un controvertido comunicado de prensa, ha generado un escándalo que pone en entredicho la gestión del ISP.
Una serie de irregularidades se le acusa a María Judith Mora Riquelme, exdirectora subrogante del ISP, cuando asumió el cargo en marzo de 2018. En particular, se destaca la suspensión abrupta de servicios informáticos críticos para el funcionamiento del ISP, como el sistema GICONA 2.0, encargado de gestionar la información de los fármacos autorizados y comercializados en Chile.
La contratación de la empresa Soluciones Informáticas Integrales Ltda. para el soporte, mantenimiento y corrección del sistema se vio interrumpida de manera inesperada, mientras que, en paralelo, se recontrataba a una empresa previamente señalada por la pérdida de la base de datos del mismo sistema en dos ocasiones anteriores.
El juicio ha revelado que la Mora ordenó suspender pagos y servicios, incumpliendo contratos y afectando la operatividad del ISP. Además, la emisión de un comunicado de prensa en julio de 2018, acusando a varias empresas, incluyendo a Soluciones Informáticas Integrales SPA, de cobrar servicios no prestados, ha sido objeto de controversia.
La mencionada acusación se realizó sin respaldo de un informe independiente, generando un conflicto que llevó a la presentación de una querella por injurias y calumnias. En la audiencia de juicio oral en marzo de 2022, la exdirectora propuso una disculpa como parte de un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, el caso no se limita solo a la querella mencionada. Se han presentado demandas civiles por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, involucrando tanto al ISP como a María Judith Mora Riquelme personalmente. Además, se destaca la falta de sanciones a funcionarios del ISP señalados por ocultar información y mentir a la Contraloría.
La situación cobra aún más relevancia al revelarse que las actuales autoridades del Ministerio de Salud están al tanto de estos hechos y, en lugar de tomar medidas, brindan apoyo jurídico a la exdirectora. Esto ha generado preocupación sobre el uso de recursos públicos en la defensa legal de causas privadas.
El juicio continúa develando detalles que ponen a prueba la transparencia y ética en la gestión del Instituto de Salud Pública, generando incertidumbre sobre las consecuencias que este escándalo pueda tener en la confianza pública y en la integridad de las instituciones de salud en Chile.
