Esta medida, considerada como un intento de beneficiar a los reos de Punta Peuco, condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos, representa, según el partido, un serio incumplimiento del Estado en su deber de impartir justicia en casos de violaciones a los DDHH.
La Mesa Directiva del Partido Socialista de Chile (PS) expresa su firme oposición a la reciente aprobación, por mayoría de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, del proyecto de ley que busca permitir que los reclusos mayores de 70 años cumplan sus penas en arresto domiciliario.
La propuesta, aprobada el pasado martes 2 de enero por tres votos a favor y dos en contra –de los senadores Daniel Núñez (PC) y Gastón Saavedra (PS)–, plantea que los hombres mayores de 70 y las mujeres mayores de 65 años condenados podrían cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario. El PS denuncia que esta medida beneficiaría a reclusos de Punta Peuco, responsables de crímenes de lesa humanidad, al interrumpir sus condenas y alejarlos de la justa privación de libertad que merecen.
“Afirmamos que se trata de una medida dirigida claramente a beneficiar a los reos de Punta Peuco, todos ellos ejecutores de horribles violaciones a los DDHH, condenados por crímenes de lesa humanidad. Interrumpir el cumplimiento de la justa condena que los mantiene privados de libertad, significaría un grave incumplimiento del Estado chileno en su deber de ejercer justicia en las violaciones a los DDHH, asegurando siempre que ella se realice con absoluta efectividad”, señalan en el comunicado.
En este contexto, la Mesa Directiva del Partido Socialista hace un llamado a la reflexión y a la reconsideración de esta medida, invitando a la Comisión de Derechos Humanos y al Senado en su conjunto a priorizar la protección de los derechos de las víctimas y sus familias, manteniendo un compromiso firme con la justicia y la memoria histórica del país.
Asimismo, el partido subraya la importancia de preservar la integridad del sistema judicial y de respetar los principios fundamentales de una sociedad democrática, subrayando que la aprobación de esta propuesta podría socavar los pilares esenciales de un Estado que busca garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales.
