La Inmobiliaria y Constructora San Antonio, dueña de los terrenos donde hoy se emplaza la megatoma Cerro Centinela, solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijar «una fecha específica» para el desalojo del lugar donde hoy residen más de 4.000 familias.
Esto luego que los ministerios de Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social señalaran que no están las condiciones para ejecutar el desalojo, según expuso la empresa en un comunicado.
«Si bien la Corte ya ratificó el cúmplase de esta medida, en los escritos presentados por los diversos organismos públicos mandatados a cumplir con la sentencia, éstos informaron que no están en las condiciones para implementar esta resolución. Por ello, hemos considerado pertinente solicitar que se aperciba a las carteras ministeriales involucradas, a fin de cumplir con lo establecido, y que se establezca una fecha específica para el desalojo», dijo Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria.
Los dueños de los terrenos de 260 hectáreas en San Antonio valoraron las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero, recalcando que el Gobierno ejecutará la orden judicial con las condiciones necesarias para las 4 mil familias que residen allí. No obstante, lamentan que el Gobierno no propusiera una «alternativa viable de solución».
«En este contexto, es necesario reiterar que participamos de buena fe durante seis meses en una mesa técnica donde el gobierno no propuso ninguna alternativa viable de solución», expusieron.
Agregaron: «No hubo financiamiento, garantías y, en materia de precio, el ministerio sólo buscó que la empresa financiara con su patrimonio una mala política pública, como son las cooperativas».
Posteriormente, afirmaron haber sido flexibles con el plazo para la desocupación de las tierras: «Aceptamos postergar el desalojo por un año y medio, participamos de la mesa técnica y rebajamos en cuatro oportunidades nuestras expectativas de precio», sostuvieron en el comunicado.
