La Corte Suprema decidió hacer uso de las facultades correccionales que le otorga el artículo 80 de la Constitución de la República y ordenó a los 17 tribunales de alzada del país que le enviaran los sumarios respecto de cada juez y funcionario judicial indagado por el uso de licencia médica cuando estaban en el extranjero. Los datos abarcaban el análisis de cinco años y el objetivo era uniformar criterios a nivel nacional.
A mediados de 2025, la Contraloría General de la República identificó cerca de 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile, a pesar de encontrarse haciendo uso de este tipo de permiso de salud. El informe dio paso a que una serie de instituciones, que no son fiscalizadas por esta entidad, entre ellas, el Poder Judicial, realizaran su propio catastro de casos. Casi un año después, el Pleno de la Corte Suprema, luego de haberse depurado las cifras iniciales.
Cerca de mil las situaciones sujetas a sumarios —correspondientes a 571 funcionarios activos, de una dotación total de 13.457 personas que se desempeñan en el Poder Judicial—, encomendó a los relatores del pleno del máximo tribunal la revisión de estos procedimientos. Serán ellos quienes deberán analizar los diversos criterios aplicados para unificar sanciones y tomar una «decisión global respecto de todas las causas”.
