El aumento de adolescentes involucrados en delitos constituye una de las señales más preocupantes en materia de seguridad pública. Según cifras del Ministerio Público, el número de adolescentes infractores prácticamente se duplicó en tres años, mientras que informes recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Centro de Estudios Públicos (CEP), advierten una creciente participación juvenil en delitos violentos y fenómenos asociados al crimen organizado.
Sin embargo, interpretar este fenómeno exclusivamente como un problema de seguridad sería un error. La delincuencia juvenil también refleja condiciones de vulnerabilidad social que afectan a miles de niños, niñas y adolescentes. Según Unicef Chile (2026), cerca de uno de cada cuatro niños vive en situación de pobreza por ingresos y más de 47 mil estuvieron fuera del sistema escolar entre 2023 y 2024. A ello se suman contextos de violencia, exclusión y precariedad que favorecen trayectorias delictivas a temprana edad.
Especial preocupación genera la capacidad del crimen organizado para reclutar adolescentes. La Encuesta CEP 2024 muestra que quienes viven en barrios afectados por el narcotráfico identifican el reclutamiento de niños y jóvenes como una práctica habitual. Esta percepción coincide con los antecedentes del Ministerio Público, según los cuales los adolescentes vinculados a delitos asociados al crimen organizado aumentaron un 86,5% entre 2021 y 2024.
La respuesta no puede limitarse al endurecimiento de las penas. La evidencia comparada demuestra que las estrategias más efectivas combinan prevención temprana, fortalecimiento de las trayectorias educativas y programas robustos de reinserción social.
Chile debe intervenir antes de que aparezca el delito, fortaleciendo la escuela, el apoyo familiar, la salud mental y la presencia efectiva del Estado en los territorios más vulnerables. La verdadera discusión no es cómo castigar más, sino cómo evitar que el crimen organizado siga ofreciendo a los jóvenes oportunidades que la sociedad aún no ha sido capaz de garantizar.
Dra. María Lorena Rossel Castagneto Académica investigadora Carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar
