El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de la trama de corrupción que investiga la Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, y la PDI, en torno a millonarios contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb y la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser).
Pero la resolución judicial que permitió la extensa ofensiva desplegada por la Brigada Anticorrupción de la PDI durante este jueves contiene una segunda arista que fue revelada esta mañana por Mega Investiga: el presunto pago de coimas a altas autoridades del país, llegando incluso al Senado.
Y es que en las órdenes de entrada y registro, el tribunal sostiene que en enero de 2025 Junaeb -cuando estaba la administración de Gabriel Boric-, fue advertida formalmente por un juzgado de San Fernando de hechos que podían revestir caracteres de delito relacionados precisamente con las irregularidades que hoy investiga el Ministerio Público.
La orden judicial reconstruye cómo ese antecedente ingresó al organismo, fue derivado internamente y leído en reiteradas oportunidades por funcionarios del área jurídica. Sin embargo, según la resolución, “ninguno de ellos realizó denuncia alguna ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o el Ministerio Público”.
Más aún, el tribunal concluye que existen antecedentes para presumir que cinco funcionarios, entre ellos Camila Rubio Araya, quien posteriormente ejerció como directora nacional de Junaeb, “tomaron conocimiento efectivo” del oficio y, pese a ello, habrían omitido cumplir el deber legal de denunciar.
Ese hallazgo llevó a la Fiscalía Oriente a abrir nuevas líneas investigativas por eventual omisión de denuncia, denegación de cooperación y retardo o denegación de servicio.
La resolución, de 23 páginas y fechada el 19 de agosto de 2026, fue dictada a solicitud de la fiscal adjunta de Alta Complejidad Constanza Encina Calquin.
