A medio año de la instalación del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, la relación con las organizaciones sindicales del sector público entra en una etapa de definición crucial. La creación de comisiones asesoras en materia de empleo público y arquitectura del Estado por parte del Ejecutivo ha levantado alertas en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ante el riesgo de que se pretenda instalar un diagnóstico fundado en la idea de un aparato estatal sobredimensionado para justificar despidos, fusiones o recortes en la función pública.
Frente a la negociación del Reajuste General, la tramitación del Presupuesto 2027 y los informes presentados ante la comisión asesora en La Moneda, es necesario desmitificar las cifras sobre el tamaño del Estado y conocer las líneas rojas del gremio en este nuevo ciclo político.
Desde el primer momento, y por acuerdo ratificado en nuestra asamblea nacional, hemos asistido a los espacios de diálogo institucional con una posición clara: el mandato de nuestra organización es defender con firmeza los derechos sociales de la ciudadanía, el rol del Estado garante y la estabilidad de las y los trabajadores. Nos encontramos en un momento decisivo en el que debemos abordar tres pilares clave: la discusión del Presupuesto 2027 —que garantice recursos suficientes para atender las necesidades del territorio—, la certeza en el proceso de renovación de contratas y la Ley de Reajuste General para el Sector Público.
Le hemos dejado en claro al Gobierno y al propio Presidente que todo cambio debe realizarse con la participación directa de las trabajadoras y trabajadores organizados. No vamos a aceptar ser un «vagón de cola» ni que las reformas se diseñen a espaldas del funcionariado o de la ciudadanía. Si la orientación de las políticas pretende precarizar o concentrar aún más la riqueza en este país, la ANEF cuenta con un plan de movilización escalonada listo para ser ejecutado en la calle.
Fuimos a exponer al Palacio de La Moneda ante la comisión y fuimos muy enfáticos: el debate debe basarse en evidencia rigurosa, comparable y verificable, no en prejuicios ideológicos. Rechazamos categóricamente la premisa de que Chile tiene un Estado «sobredimensionado».
Según el informe Government at a Glance y los reportes de la OCDE, el empleo público en Chile representa solo el 8,5% del empleo total, muy distante del 18,4% promedio de los países de la OCDE. En términos de gasto del gobierno general, Chile ejecuta el 28,2% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE alcanza el 42,6%. Por tanto, la evidencia indica que Chile no tiene un Estado grande; al contrario, lo que Chile necesita es un Estado Suficiente para garantizar salud, educación, seguridad y protección social en todo el territorio.
Eso es un mito absoluto. El problema de la administración central en Chile no es la rigidez, sino la profunda precariedad contractual. De acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), solo el 22,2% de la dotación corresponde a personal de planta, mientras que la modalidad a contrata alcanza un abrumador 68,3%. A eso se suma el uso extendido e impropio de contrataciones a honorarios para cubrir funciones que son permanentes.
José Perez
Presidente de la ANEF
