El Escudo de las Américas no es un tratado. El canciller Francisco Pérez Mackenna lo repitió durante su interpelación en la Cámara el día de ayer: al no existir firma, se trataría simplemente de una declaración. Esta precisión es correcta, pero, al mismo tiempo, insuficiente. La pregunta que importa realmente no es si el instrumento genera obligaciones exigibles ante un tribunal, sino si, precisamente por evitar esa forma, logra sustraerse del control parlamentario que debería acompañar decisiones de esta envergadura.
El Escudo de las Américas es una declaración política impulsada por Estados Unidos, organizada en tres pilares: seguridad frente al crimen organizado transnacional; cooperación económica en inversiones, minerales críticos e infraestructura digital; y coordinación multilateral. Se presentó públicamente como un acuerdo antinarcóticos, pero su contenido excede largamente esa descripción.
Instrumentos de este tipo —declaraciones conjuntas sin firma ni ratificación— llevan tiempo estudiándose en relaciones internacionales bajo el nombre de soft law, como los acuerdos que, sin obligar jurídicamente, igual configuran expectativas, alinean posiciones entre países y condicionan el margen de maniobra futuro de quienes los suscriben. Que no obliguen en un tribunal no significa que no operen.
Y ahí está el problema central. Los tratados deben pasar por el Congreso, mientras que las declaraciones políticas, no. Eso no es un accidente del diseño del Escudo, es parte de su función: le permite avanzar en compromisos de seguridad, inteligencia y economía sin someterse al mismo escrutinio que exigiría un tratado. La interpelación al canciller —la primera de su tipo en la historia institucional chilena— dejó eso a la vista.
Al cierre de la sesión, la Cámara aprobó solicitar al Presidente los antecedentes completos de la adhesión, incluidas las versiones oficiales del texto. Que el Parlamento tenga que reconstruir después los términos de algo ya adoptado no es un detalle de trámite: es la evidencia de que el instrumento, por cómo está construido, tiende a dejar afuera al control democrático que en principio debería acompañarlo.
A esto se suma un problema de secuencia. Chile ya había respaldado declaraciones del Escudo —en mayo y en junio— antes de que existiera una adhesión formal. La incorporación plena se anunció en el extranjero, y solo después vino el escrutinio parlamentario que, en un proceso ordenado, debería haberla precedido. Comprometerse primero y explicar después no se arregla apelando a que el instrumento no es vinculante; al contrario, es justamente esa falta de vinculatoriedad jurídica la que permitió invertir el orden que uno esperaría en una democracia: discutir antes de decidir.
Conviene ser claro sobre qué se está criticando y qué no. No se trata de sostener que cooperar contra el crimen organizado transnacional sea, en sí mismo, un error, ni que toda relación con Estados Unidos deba mirarse con sospecha. Se trata de algo más específico: un instrumento que mezcla seguridad, economía e inteligencia, que evita deliberadamente adoptar la forma de tratado, y que se presenta ante la opinión pública como algo menor mientras compromete algo bastante mayor, no puede seguir siendo evaluado con los estándares livianos de una declaración sin consecuencias.
La respuesta del canciller en la interpelación, aunque jurídicamente defendible, no alcanzó a resolver esa tensión: no explicó con claridad qué información se comparte con Washington, bajo qué resguardos, ni qué margen conserva Chile para desvincularse si las circunstancias cambian.
La discusión sobre el Escudo de las Américas, entonces, no debería agotarse en la pregunta de si es o no un tratado. Esa pregunta, aunque técnicamente relevante, funciona hoy como una salida fácil que evita la que realmente importa: si Chile cuenta con mecanismos adecuados para deliberar y controlar compromisos internacionales que, aun sin firma, ya están en marcha. Mientras esa pregunta no se responda, cualquier balance sobre los beneficios y los costos del Escudo seguirá construyéndose sobre una decisión que se tomó antes de que el país pudiera discutirla.
Josefina Tapia
Coordinadora Instituto Internacional de Estudios para la Democracia
