De un tiempo a la fecha, nuestro país ha sido presa del aumento sistemático de los combustibles, encarecimiento de la vida, incremento del desempleo, constantes recortes que el propio gobierno ha propuesto realizar para el presupuesto 2027 y, por si eso fuese poco, delitos de índole económico en gobiernos regionales.
El último año han existido casos de desfalcos, redes de corrupción y desvío de dineros en diferentes lugares de nuestro país, como por ejemplo: (I) Desfalco en Algarrobo -Región de Valparaíso- por el ex alcalde José Luis Yáñez, su otrora esposa y tesorera municipal Belén Carrasco, y su ex cuñado Sixto Carrasco, todos ellos acusados por delitos de malversación de fondos y lavado de activos que superan los $1.100 millones de pesos, cuya condena fue dictada por la justicia en enero; (II) Red de corrupción desbaratada este lunes 5 de octubre, conformada por funcionarios públicos en ejercicio y una constructora privada que operaba en el Gobierno Regional del Maule y diversas municipalidades, entre las cuales está Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, quienes habrían defraudado al Estado en un monto cercano a los 3.000 millones de pesos; y (III) Desvío de fondos desde las arcas de salud de la municipalidad de Placilla -Región de O’Higgins- donde el perjuicio oscila entre los 170 y 300 millones de pesos y cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público hace tan solo unos días.
Para golpear aún más a los habitantes de nuestro país, el gobierno de J. A Kast mencionó un sinfín de recortes para el Presupuesto 2027, entre los que está: (A) El caso de la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), creada en 1990 por Leonor Oyarzún, primera dama del expresidente Patricio Aylwin. Tal institución nacional, enfocada en promover -mediante programas de capacitación, liderazgo y emprendimiento- la autonomía física, económica y política de las mujeres en Chile, llegará a su fin en marzo de 2027, debido a problemas económicos arrastrados desde la época de Irina Karamanos, ex primera dama de Gabriel Boric, los cuales el gobierno actual argumenta no tener los recursos para subsanar; (B) Erradicación el programa “Yo elijo mi PC” que beneficia a niños y niñas de las familias más vulnerables, pasando por alto la importancia que tiene para disminuir la brecha digital y mejorar el acceso a recursos educativos; (C) Reducción de recursos para la Ley Ricarte Soto -que entrega protección financiera a condiciones específicas de salud, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes- recortando cerca de 28 mil millones de pesos para la cobertura de 27 patologías; y (D) Ajustes económicos para gobiernos regionales, quienes dejarán de recibir entre 250 y 270 mil millones de pesos, afectando directamente a los 345 municipios del país.
En son de lo expuesto, la sociedad chilena es, sin duda alguna, profundamente golpeada desde adentro, donde desde gobiernos locales hasta la cúpula gubernamental central parecieran esmerarse en dañar a sus representados, alejándose de lo que significa vivir en una república democrática -a saber, gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo- para abocarse a desvirtuar completamente aquello y darle una nueva significancia, la que pareciera ser la siguiente: Gobernar sin el pueblo, quitándole lo que les ayuda, beneficia y resulta relevante; gobernar para intereses propios, robusteciendo la economía personal; y gobernar porque se usó al pueblo para llegar al cargo, pero luego olvidándose de él.
Javier Osorio O.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UAH.
Exdirigente estudiantil universitario.
