Por Roberto Olguín Vargas
Director de carreras Área Recursos Naturales
IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar
La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto al director nacional del INDAP, Carlos Recondo, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Federico Errazuriz, concretaron la declaración de emergencia agrícola para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el Maule el jueves pasado, a lo que se sumó la Región Metropolitana durante el fin de semana en anuncio del Presidente, a consecuencia del déficit hídrico provocado por 13 años ininterrumpidos de sequía.
Este decreto se trata de un fondo de emergencia para la sequía por un total de 8 mil millones de pesos, que se complementarán con recursos de los Gobiernos Regionales junto a otros ministerios, como Obras Públicas.
Estos recursos se utilizarán para distribución de forrajes a crianceros, obras menores de regadío, revestimiento de canales menores, movimiento para conducir mejor los canales de agua, adquisición de geomembranas, compra de estanques acumuladores móviles que permitan acumular el recurso hídrico disponible, sobre todo en lugares de secano.
El sector agropecuario es clave para la economía chilena gracias al clima mediterráneo de la zona central, que abarca desde el Desierto de Atacama hasta el Biobío en la zona centro-sur y que convierten al país en una potencia de la exportación en este rubro.
Sin embargo, las alzas de temperatura, donde este año se registraron máximas récord en el mes de julio que rozaron los 30 grados en pleno invierno y la megasequía con una reducción de entre el 62% y 80% de déficit en comparación al promedio histórico, han generado un escenario catastrófico que ya pudimos percibir durante el año 2019 con la muerte de más 35.000 cabezas de ganado.
Los embalses de la zona central presentan, según las autoridades, un déficit de entre el 50% a 60%, mientras el índice escala a cerca del 70% en la acumulación de nieve. El pronóstico para los caudales de verano indica que no van a ser suficientes como para regar la totalidad de las hectáreas destinadas a la producción agrícola.
Esta situación, lejos de ser pasajera, se convierte en la nueva realidad para la zona central del país, donde la desertificación avanza a un ritmo constante producto del cambio climático y la sobreexplotación del terreno, siendo nuestro desafío el cómo enfrentar estos suelos degradados y transformarlos en altos en carbono y materia orgánica. Para ello no hemos avanzado lo suficiente en infraestructura y tecnificación para el riego, nueva institucionalidad para el agua, reutilización de aguas grises, reconversión hacia cultivos más resistentes a la sequía y menos demandantes de agua, manejo de carga animal, reforestación de partes altas de cuencas, etcétera.
Si no logramos avanzar en proyectos que permitan la adaptación a las nuevas condiciones de pluviosidad, continuaremos con decretos de emergencia de manera permanente y en ese caso esta condición sí se convertirá en nuestra nueva normalidad.
