Con una crítica firme, la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, apuntó en contra de la decisión del Comité de Ministros por la Sustentabilidad de aprobar el proyecto Central de Ciclo Combinado Los Rulos, que se pretende instalar en Limache.
“Es lamentable que este gobierno a ultima hora y en contra de la comunidad apruebe la Termoeléctrica Los Rulos”, partió diciendo la parlamentaria.
En esa línea, Allende enfatizó que «esto representa un retroceso ambiental en nuestro país, ya que se ha dado luz verde a un proyecto respecto del que existen graves cuestionamientos técnicos, principalmente por encontrarse emplazado en la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, y sobre el que el propio Gobierno se había manifestado desfavorablemente”.
Asimismo, la legisladora ahondó en los cuestionamientos que ha despertado entre la comunidad y autoridades de la zona la iniciativa.
“En efecto, los impactos del proyecto, aprobado en 2017, van desde el consumo de más de 300.000 litros de agua diarios en una zona declarada de escasez hídrica, afectación de corredores biológicos, hasta la emisión de material particulado que afectará la salud de los habitantes de Marga Marga. Como si fuese poco, el proyecto se emplazará dentro de la zona de transición de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, reconocida por sus ecosistemas y alto nivel de endemismo, ¡elemento que no fue considerado en la evaluación ambiental que resolvió la RCA del proyecto!”, expresó.
La senadora socialista además indicó que “no es aceptable que la comunidad no sea notificada por las decisiones de la autoridad y que solo se enteren por trascendidos sin conocer las condiciones de la aprobación y con el voto en contra del ministro Naranjo. Es por esto que creemos que este Comité de Ministros debería eliminarse, o en su defecto, transparentar su accionar, con medidas como la transmisión en vivo de sus sesiones, para que la ciudadanía pueda tener un verdadero acceso a la información ambiental”.
Por último, Allende manifestó que «decisiones como esta demuestran una vez más la precariedad de nuestro actual sistema ambiental, ya que este no parece ser capaz de dar real protección a las y los ciudadanos, frente a decisiones políticas, que se toman entre cuatro paredes y, de espalda a las legítimas reivindicaciones y reclamaciones de la comunidad presente en los territorios”.
