El pasado domingo un grupo de 300 abogadas y abogados «por Chile» publicó un inserto en el diario La Tercera, en el que criticaban el la labor de la Convención Constitucional. Estos cuestionamientos surgieron en especial por la aprobación de normas carentes de calidad y “rigurosidad técnica y jurídica” que, según ellos, introducen una serie de incertidumbres sobre el funcionamiento futuro de la institucionalidad y amenazan con dividir más a la sociedad chilena.
Tras eso, este martes y de la mano de otro grupo de 500 abogadas y abogados «también por Chile» llegó una respuesta a ese inserto, que fue firmado entre otros por el ex ministro del Interior y Defensa, Jorge Burgos; el ex ministro de Agricultura y Justicia, Jaime Campos Quiroga; el ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y la senadora DC Ximena Rincón. En el documento cuestionan los argumentos expresados por los otros juristas.
Según consigna El Mostrador, el grupo de abogadas y abogados comienzan señalando que «quienes suscribimos la presente declaración somos abogadas y abogados que también estamos por Chile, lo que supone, a nuestro entender, poner todo lo que esté de nuestro lado para que el proceso constituyente culmine de manera exitosa».
Asimismo, añaden en el escrito, que «llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos,. entre otros”. «Las serias y graves acusaciones que afirman exigen que estas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública», añaden.
En ese sentido, en la misiva firmada – entre otras personas- por las exministras de Estado Ana Lya Uriarte, Laura Albornoz, Alejandra Krauss y Nivia Palma; el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic; y la fiscal Ximena Chong, cuestionan que en el inserto se critican “iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial”, pero «no se nombra ninguna. Hasta ahora, el Pleno no ha aprobado norma alguna que la lesione, y las pocas iniciativas que podrían haber tenido ese efecto fueron pronta y correctamente rechazadas».
En la carta añaden: «Se critica la creación de sistemas de justicia paralelos. Se omite, sin embargo, que el Pleno aprobó que el ejercicio de la jurisdicción quedará bajo la autoridad final de la Corte Suprema, reafirmando así la unidad del Estado chileno»; «se critica la noción de plurinacionalidad, insistiendo en la equivalencia entre Estado y una sola nación. Pero este es precisamente uno de los rasgos que el proceso constituyente busca superar, en línea con lo que ocurre en democracias occidentales modernas, donde se reconoce la existencia de más de una nación bajo un mismo Estado, sin que ello signifique secesión ni escisión alguna»; y «se afirma que existen iniciativas que ‘permanentemente (…) aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado’, sin considerar que efectivamente uno de los objetivos políticos explícitos de la Convención es pasar de un estado subsidiario a uno que provee servicios públicos capaces de convertir los derechos sociales en una realidad perceptible para las personas, tal como acontece en democracias constitucionales desarrolladas».
En la carta señalan que «se critica la aprobación de normas sobre derechos sociales ‘no financiados o que niegan la regla de responsabilidad fiscal’, pero se omite que el Pleno aprobó expresamente la regla de responsabilidad fiscal para el texto de la nueva Constitución».
«Se señala que existe ‘un retroceso de normas de garantías ante la expropiación de bienes’ y la ‘certeza jurídica sobre la propiedad’. No reparan en que lo primero aún no está resuelto por el Pleno y que, además, del estado actual de la discusión en la Comisión respectiva se sigue que se reconocerán las principales garantías expropiatorias actualmente vigentes. Tampoco mencionan que el derecho de propiedad en sus elementos centrales ya ha sido aprobado por el Pleno, con una cláusula muy similar a la establecida en la actual Constitución, y más protectora que textos de democracias occidentales desarrolladas», agregan.
Por último, «se reprocha la existencia de ‘propuestas de eliminación de concesiones sobre bienes nacionales de uso público’. Sin embargo, ninguna norma ha sido aprobada en ese sentido. Si bien se dispuso que el uso de los bienes naturales comunes inapropiables (como el agua) solo podrá realizarse mediante autorización, una amplia diversidad de bienes nacionales de uso público podrá seguir siendo objeto de concesiones, tal como sucede en la actualidad».
Para cerrar la carta expresan que «si bien la presente declaración responde al pronunciamiento de personas que utilizan su calidad de ‘profesionales del derecho’ para sostener críticas al proceso constituyente, es fundamental recordar que el debate constitucional pertenece a toda la ciudadanía, no sólo ni prioritariamente a juristas; es un diálogo que se nutre del conocimiento de muchas disciplinas, incluido el derecho.Para que el plebiscito de septiembre se desarrolle de forma limpia e informada, es imprescindible que quienes pretenden valerse de sus conocimientos técnicos sustenten sus afirmaciones. Así como decidir aprobar, es legítimo querer rechazar el texto que proponga la Convención; lo importante y deseable es exponer esa posición –incluso si se adopta precozmente– de cara a la ciudadanía».
(Fuente: El Mostrador y La Tercera)
(Foto: Pauta.cl)
