Para hacer frente a casos de agresiones y amenazas vividas por trabajadores, principalmente conductores del transporte público, surgió el proyecto que llegó al Senado y que modifica el Código del Trabajo y la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa.
El texto —en segundo trámite constitucional y que será analizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social— impone a los empleadores que prestan servicios al transporte público del país, implementar cabinas de segregación.
El objetivo es que ellas protejan la vida y la salud de los/as conductores/as en el ejercicio de sus funciones.
Corresponderá a la Dirección del Trabajo velar por el cumplimiento de esta obligación y su infracción será sancionada con multa de, hasta, más de cuatro millones de pesos.
Dispone que los empleadores deberán elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación de violencia, con el fin de prevenir que, en el ejercicio de sus funciones, las y los trabajadores sean víctimas de amenazas, ataques o agresiones.
