El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez Roca, enfrenta dos demandas civiles por sus actividades particulares empresariales durante los últimos años, que incluyen el primer período en el cual también fue alcalde de dicha ciudad (2011-2021).
Una de estas demandas es la presentada por la sociedad Turismo Casablanca SpA, de propiedad del hermano del alcalde, Diego Martínez Roca, que denuncia un esquema de despojo patrimonial y fraude durante el año 2021.
Según un reportaje emitido por 24 horas TVN reveló sobre la condición deteriorada de salud mental de Diego Martínez, quien habría sido inducido a firmar contratos de servidumbre y compraventa que perjudicaron gravemente el patrimonio de su sociedad. Uno de los casos corresponde a un escritura pública en beneficio de la Sociedad Agrícola El Alamo LTDA, de propiedad de su hermano alcalde.
Rodrigo Martínez aparece como representante y socio de la Sociedad Agrícola El Álamo Limitada, una de las entidades demandadas que se habría beneficiado con una servidumbre de tránsito «indispensable» para sus proyectos inmobiliarios y de ventas de parcelas, la cual se obtuvo sin un pago real a Turismo Casablanca SpA.
El documento afirma que no existió una contraprestación real. Aunque se estipuló un precio de $10.000.000, este nunca fue pagado a la sociedad Turismo Casablanca SpA.
La demanda también busca anular una venta de dos hectáreas de terreno a la pareja de Tomás Trujillo Azócar, sindicado como líder de una agrupación criminal según la investigación penal (RIT 136-2024) en el Juzgado de Garantía de Casablanca, donde Trujillo y otras personas ya se encuentran formalizados por delitos contra el patrimonio.
Segunda querella por venta de parcelas
La Comunidad Hacienda Casablanca, que agrupa a los propietarios de las parcelas del proyecto del mismo nombre, presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la empresa Sociedad Agrícola El Álamo Limitada, propiedad del alcalde.
La razón de la querella es el incumplimiento de obligaciones de El Álamo en la venta de parcelas en la zona de Lo Ovalle de Casablanca. El proyecto fue comercializado como un desarrollo “agro-residencial», único en Chile, inspirado en modelos de Napa Valley y Mendoza, donde las viviendas se integran armónicamente con 70 hectáreas de viñedos productivos.
Sin embargo, la demanda denuncia que la Agrícola ha abandonado sus compromisos legales, como por ejemplo el cese de la mantención de las vides, resultando en plantaciones secas y follaje inexistente en múltiples sectores; retiro deliberado de postes y tuberías de riego, exponiendo las parras a la muerte; arranque de troncos de parras en parcelas específicas, destruyendo la capacidad productiva y la estética del lugar, entre otros daños.
La demanda resalta además una «profunda desigualdad» entre la empresa y los vecinos. Según el reglamento redactado por la propia inmobiliaria. Por ejemplo, la Agrícola se auto estableció la facultad de no pagar gastos comunes ni fondo de reserva por las parcelas que aún mantiene en su dominio.
