Apenas nueve días han pasado desde que José Antonio Kast asumió la presidencia, y el diseño de su administración ha quedado expuesto con una nitidez alarmante. Junto, al intento de imponer, un reto falaz, basado en tres pilares, comunicacionales, consistentes en “recibimos un país en ruinas”
“Somos un Gobierno de emergencia” y “Trabajamos para Usted en la Reconstrucción”, han desechado, un periodo de instalación gradual, optando por una terapia de shock,
destinada a revertir consensos sociales y ambientales alcanzados en democracia.
Lo que el oficialismo publicita como «reconstrucción», se lee desde la oposición y
cierto oficialismo, pequeño y minúsculo aun, como el inicio de un desmantelamiento del feble Estado de bienestar y del complejo sistema de
protección del patrimonio ambiental chileno.
Coherente con el diseño, el despliegue en Arica y Chacalluta el pasado 16 de marzo, no fue solo un acto administrativo; fue una señal política de «mano dura», que prioriza la zanja sobre la diplomacia, sin embargo, es vox populi, que dicha
zanja, es, más efectista que efectiva.
Conjuntamente, al enviar 20 urgencias
legislativas al Congreso, el Gobierno intenta forzar una agenda que criminaliza la migración irregular, proponiendo expulsiones en 48 horas, que no, solo ignoran el derecho al debido proceso, sino que no se hace cargo de la difícil ejecución fáctica
de dicha medida. Por su parte, la oposición, desde el Socialismo Democrático hasta el Frente Amplio, ya ha advertido que esta «Operación Seguridad Total» — pese a las 2.900 detenciones iniciales— es un paliativo, que no ataca las redes de
crimen organizado, sino que aumenta la vulnerabilidad humanitaria y tensiona la
constitucionalidad de nuestras leyes.
En el plano económico, el mediático ministro de hacienda Jorge Quiroz, con su estilo de sheriff de las finanzas, ha decretado, un recorte fiscal del 3% y una poda de 6.000 millones de dólares, que golpeará directamente la capacidad operativa
de los ministerios y servicios públicos.
No obstante lo anterior, y, si bien, el IPSA ha llegado a los 10.500 puntos, y las acciones de SQM o Antofagasta Minerals, escalan por la «flexibilización» prometida, la invisibilizada clase media, recibe señales contradictorias, ya
que, la eliminación del IVA a la vivienda por un año; y la exención de contribuciones para adultos mayores, son medidas populares, el trasfondo es
inquietante, se anuncia, conjuntamente, una reducción del impuesto corporativo
del 27% al 23% y el recorte en la gratuidad universitaria para ciertos deciles y tramos etarios.
Entonces, la pregunta que surge desde la ciudadanía es obvia: ¿Por qué el costo
de la «supuesta reconstrucción» debe recaer en el financiamiento de la educación pública y otros beneficios sociales, mientras se alivian las cargas de las grandes empresas?. En esta materia, les prevengo, que lo que el Estado pueda recuperar
por CAE y recortes a educación, es infinitamente menor, a los ingresos públicos, que se dejan de percibir, por esta y otras rebajas impositivas que se han anunciado.
Quizás, el punto más crítico de estos nueve días ha sido el retiro de 43 decretos ambientales. El ministro García Ruminot, con su brutal y sureña honestidad, a modo de grotesca caricatura, a dicho: «cuando tres araucarias impiden una obra
trascendente, nos parece un exceso». Bajo esta lógica, el Gobierno ha puesto en «pausa» la protección del Archipiélago de Humboldt y del Salar de Huasco, facilitando la ruta a proyectos extractivos como Minera Dominga y nuevas
concesiones de litio, lo que a motivado a la excandidata presidencial Evelyn Matthei, declarar sobre el punto: «El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural».
Detener la ampliación de los parques marinos Nazca-Desventuradas y Juan Fernández, no es solo un freno burocrático; es privar a Chile de la protección del 50% de su patrimonio marino. La suspensión de planes de descontaminación,
como el del Lago Villarrica o las normas de plomo en el aire, ponen en evidencia, que la salud de las comunidades, hoy, es una variable secundaria, frente a la «certeza jurídica» para la inversión privada.
Sin embargo, la defensa, no será solo en las cámaras del congreso. Organizaciones como Greenpeace, Modatima y la ONG Fima, ya preparan la estrategia judicial, invocando el Acuerdo de Escazú y el principio de «no
regresión».
Ante esta nueva realidad política, el escenario legislativo que se avecina es de una polarización total. La «línea de defensa», que, de manera errática, se intenta construir desde la oposición, busca, por ahora, frenar lo que el PC y la CUT han
tildado de «contrarreforma laboral», que amenaza con diluir la jornada laboral de 40 horas semanales, logro que se ha transformado en el buque insignia del legado del gobierno anterior.
Resumiendo, el Gobierno de Kast, más allá de palabras y discursos, aparentemente, conciliatorios, ha optado, con un despliegue comunicacional masivo, por la vía de la imposición y confrontación. Si bien, por ahora, el mercado
le da el «beneficio de la duda», la ciudadanía y sus instituciones fiscalizadoras parecen estar preparando una respuesta proporcional a la magnitud del retroceso propuesto.
Para terminar y parafraseando, a un viejo relator deportivo: “Esto comienza
señores”
Gabriel Zuñiga Aravena.
Abogado
