Chile lleva décadas prometiendo que la educación superior es la llave para salir adelante. Cientos de jóvenes del país, creyeron esa promesa y firmaron un Crédito con Aval del Estado para poder estudiar. Hoy, muchos de ellos enfrentan embargos sobre sus cuentas bancarias como consecuencia de esa deuda.
Lo que resulta difícil de aceptar es que el Estado diseñó un sistema de financiamiento que benefició principalmente a las instituciones privadas de educación, trasladando todo el riesgo al estudiante. Fueron adolescentes de 17 o 18 años, sin información suficiente ni alternativas reales, quienes firmaron contratos cuyas condiciones muchos no comprendían del todo. Responsabilizarlos hoy como si hubieran tomado una decisión empresarial calculada es, cuando menos, injusto.
Embargar las cuentas de personas que ya tienen dificultades para insertarse en un mercado laboral precario no resuelve el problema de fondo: resuelve la aritmética del Estado a costa de quienes pusieron su fe en él. Una sociedad que castiga a sus egresados universitarios por haberse educado tiene algo profundamente mal en su manera de entender la deuda pública con sus ciudadanos.
La solución no es ignorar las deudas, pero tampoco puede ser esta. Chile necesita con urgencia un mecanismo de salida digno para los deudores del CAE, que reconozca la responsabilidad compartida del Estado en el diseño de este sistema.
Krishna Zamora
Estudiante de Periodismo de la PUCV
