Cada vez es más común escuchar frases como: «No me alcanza para tener hijos», «primero quiero estabilidad» o «quizás más adelante». Lo que parece una decisión profundamente personal, repetida en miles de hogares chilenos, está comenzando a transformarse en uno de los mayores desafíos económicos y de salud pública que enfrentará el país durante las próximas décadas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2025 Chile alcanzó una Tasa Global de Fecundidad de 0,99 hijos por mujer, la primera vez en su historia que registra menos de un hijo por mujer. Ese mismo año nacieron 146.446 niños, un 46,9% menos que en 1993.
La pregunta ya no es por qué nacen menos niños. La verdadera pregunta es: ¿cuánto le costará a nuestro país no actuar frente a esta realidad?
El impacto de la baja natalidad no se observa hoy. Se manifestará dentro de 20 o 30 años, cuando esas generaciones que no nacieron deberían incorporarse al mercado laboral y sostener, con sus impuestos y cotizaciones, los sistemas de salud, las pensiones y los cuidados que demandará una población cada vez más envejecida.
Pensemos en un centro de salud donde antes había 10 profesionales atendiendo a 100 pacientes. Si mañana siguen llegando los mismos 100 pacientes, pero solo quedan cinco profesionales, el sistema comienza a tensionarse: aumentan las listas de espera, la sobrecarga laboral y los costos. Con la baja natalidad ocurre algo similar. No decrecen las necesidades de la población; disminuyen las personas que, en el futuro, sostendrán el sistema.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la presión fiscal derivada del envejecimiento podría alcanzar alrededor del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2065 si no se implementan reformas. En valores actuales, esa presión equivale aproximadamente a 8,7 billones de pesos. Más allá de la cifra, el mensaje es claro: el costo de no actuar podría ser mucho mayor que el de implementar políticas públicas oportunamente.
La buena noticia es que Chile no parte desde cero. Hoy existen iniciativas que apuntan precisamente a reducir las barreras que enfrentan miles de familias, como el proyecto de Sala Cuna Universal, el fortalecimiento de la corresponsabilidad en los cuidados y las propuestas para ampliar y modernizar los permisos parentales. A ellas debe sumarse una política integral de salud sexual y reproductiva que incorpore el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, una realidad que afecta a miles de personas y que también influye en la disminución de los nacimientos.
La baja natalidad no es un problema de las familias; es un desafío estratégico para el país. Avanzar en estas políticas no significa incentivar a las personas a tener más hijos, sino garantizar que quienes desean formar una familia puedan hacerlo sin que las barreras económicas, laborales o de acceso a la salud determinen esa decisión. Porque, al final, la pregunta no es cuánto cuesta invertir hoy, sino cuánto nos costará seguir esperando.
María José Benavides Académica Escuela de Obstetricia y Puericultura Universidad de Las Américas
