Un proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado Roberto Arroyo (A), junto a las diputadas y diputados Lilian Betancurt, Javier Olivares, Fabián Ossandón, Zandra Parisi, Alex Nahuelquín, Patricio Briones y Paula Olmos, propone modificar la Constitución Política para establecer la obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones de restituir a sus afiliados las pérdidas anuales de sus ahorros previsionales obligatorios, con cargo exclusivo al patrimonio de la administradora y con el tope de las comisiones cobradas en el mismo año calendario.
El proyecto surge a raíz de las cuantiosas caídas que afectaron a los fondos más conservadores entre enero y septiembre de 2026, período en el cual el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39% (con un desplome de 4,92% solo en septiembre) y el Fondo D una baja de 6,38%, afectando gravemente a los afiliados más cercanos a la edad de jubilación. Sus fundamentos advierten que estos resultados se explican en gran parte por el alza internacional de tasas de interés y por la suscripción masiva de contratos de derivados de tasas (swaps) con bancos internacionales, operaciones que habrían generado valorizaciones negativas por más de US$ 10.500 millones en los fondos D y E, explicando cerca del 80% de la caída nominal del Fondo E.
La moción señala que, debido al diseño regulatorio del Decreto Ley N°3.500, donde la rentabilidad mínima se mide frente al promedio de la industria, las administradoras incurrieron de manera conjunta en un “efecto manada” que las exime de responder con su encaje cuando todo el sistema pierde de forma similar. Asimismo, destaca que, a pesar de las alertas del Banco Central y de los límites fijados por la Superintendencia de Pensiones en la Norma de Carácter General N°362, las entidades continuaron percibiendo íntegramente sus comisiones mientras los trabajadores veían desaparecer cerca de la décima parte de sus ahorros.
Como contexto, el proyecto resalta que, si bien la Superintendencia abrió un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras por eventual infracción a los deberes fiduciarios de lealtad y diligencia del artículo 147 del D.L. N°3.500, las eventuales multas son a beneficio fiscal y no van a las cuentas de los afiliados. A su vez, se hace presente que las demandas judiciales y los recursos de protección interpuestos por los cotizantes implican litigios extensos de resultado incierto, atendido que la obligación de las administradoras se califica tradicionalmente como de medios y no de resultado, resultando perjudicial para quienes están prontos a pensionarse.
La propuesta sostiene que el ordenamiento vigente presenta una profunda asimetría moral y económica: las administradoras gestionan recursos ajenos cobrando comisiones fijas sobre la remuneración que no dependen en absoluto del desempeño de la inversión, transfiriendo todo el riesgo financiero a los cotizantes. Si bien se reconoce que la Ley N°21.735 avanzó hacia un esquema de Fondos Generacionales con aportes propios de las AFP si quedan bajo una banda de referencia, dicho régimen comenzará a regir en 2027 y tampoco cubre los escenarios en que los mercados caen de forma generalizada.
La moción descarta que esta medida traslade de manera desproporcionada el riesgo de mercado a las administradoras o que encarezca el sistema provocando carteras ultraconservadoras, reparo que formuló el Ejecutivo en 2017. Para acotar dicho impacto, la iniciativa plantea un mecanismo calibrado en tres niveles: la pérdida se calcula sobre el año calendario completo (y no mes a mes), se compensan recíprocamente las ganancias y pérdidas de los distintos fondos en que esté invertida la cuenta, y la devolución tiene como tope máximo el monto total de las comisiones cobradas al trabajador durante dicho año, garantizando que ninguna AFP comprometa su capital basal ni devuelva más de lo recaudado.
