La Corte Suprema pidió al ministro de Salud, Enrique Paris que explicara sus razones para denegar la entrega de los correos electrónicos en el contexto de la investigación penal por la presunta desinformación de cifras de fallecidos por COVID-19.
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó acceso a los correos del Minsal, sin embargo, la propia cartera supuestamente le negó a la Fiscalía el acceso a los e-mails del ex ministro Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
En el informe enviado ayer lunes, el actual titular de Salud aseguró que la solicitud realizada por el Ministerio Público «no se limita a ninguna forma, ni en razón de materia, ni en razón de tiempo, ni respecto de comunicaciones relevantes, o siquiera pertinentes, ni para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación».
Según Paris, la diligencia de la Fiscalia «resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo».Paris acusa que la investigación «ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo», argumentando que los funcionarios de su cartera han debido dedicar parte de la jornada a «extensas declaraciones» en medio de su trabajo para contener la crisis sanitaria.
Asimismo, afirmó que la información requerida compromete la seguridad nacional. «La correspondencia electrónica de las autoridades del Ministerio de Salud comprende decisiones en instancias de coordinación, estratégica y logística, respecto a la adquisición de insumos necesarios para enfrentar la pandemia, en un contexto de riesgo real de pérdida de dichos insumos por acciones de terceros países, y por otro, comprende decisiones sobre acceder a información relevante en el ámbito de la defensa nacional», dijo Paris en el documento.
A juicio del secretario de Estado, la «realización de una diligencia de incautación (…) compromete el acceso y examen de documentos e información de carácter reservado, cuyo conocimiento puede afectar la seguridad nacional, en medio de las acciones del Ministerio que dirijo, para controlar dicha pandemia».
En este contexto, aseveró que «la adquisición de implementos necesarios para enfrentar la pandemia, en un contexto de una verdadera ‘guerra comercial y política’ entre potencias mundiales, con riesgos de incautación en cualquier territorio, que pueden frustrar la futura recepción de los referidos insumos y su utilización a nivel nacional».
Además, explicó que los correos tenían datos relacionados al despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel nacional: «La destinación de recursos y efectivos policiales, y especialmente militares, a labores estratégicas y logísticas, cuya información en detalle, es evidentemente relevante para la seguridad nacional».
«Hoy se encuentra iniciando en los países del hemisferio norte, la denominada ‘segunda ola’, lo que hace necesario, que tanto el Ministerio de Salud como las Fuerzas Armadas resguarden la información que de divulgarse podría ser contraproducente a las decisiones presentes», agregó.
De igual forma, según Paris, la solicitud quebranta la reserva los datos de los contagiados, que deben ser mantenidos en carácter reservado: «Corresponde a información sensible pues corresponde a datos de pacientes, lo que otorga el carácter de dicha información reservada».
(Fuente: Cooperativa).
