Marcela Varas
Directora de Carrera de Terapia Ocupacional Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar.
Nuestro país está próximo a vivir una experiencia histórica, ya que el próximo domingo 25 de octubre tendrá la posibilidad de aprobar o rechazar una nueva constitución. Como profesional ligada al área de la discapacidad y la inclusión, considero que es de gran relevancia que en este plebiscito, y en todas las etapas que podrían venir, las personas en situación de discapacidad sean consideradas de manera íntegra, como participantes activos del proceso constituyente.
Recientemente el Servicio Nacional de la Discapacidad lanzó un programa de educación cívica denominado PaísDI, el que busca impulsar la participación social en discapacidad intelectual, el que a través de facsímiles de fácil lectura orienta sobre el plebiscito y otras temáticas relacionadas. Sin duda, un aporte trascendental, pero hay que avanzar mucho más allá, garantizando que toda la sociedad indistintamente sea parte del debate y análisis para la conformación de una nueva constitución.
Chile está adscrito a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, documento que señala claramente que los Estados parte deben adoptar todas las medidas viables para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar, a ser elegidas o a participar en organizaciones políticas.
Además, el acuerdo indica que deben establecer una legislación antidiscriminatoria, consultar y colaborar con las personas con discapacidad respecto a nuevos programas y políticas, realizar campañas para combatir los estereotipos y fomentar percepciones positivas, asegurando los accesos físicos y tecnológicos en instalaciones o servicios públicos y promover la participación.
Un grupo de senadores está pidiendo que se apruebe un 10% de cupos reservados para personas con discapacidad en la posible redacción de un nuevo documento constitucional. Esta solicitud se fundamenta en que en Chile 2 de cada 10 adultos se encuentran en esta situación y el interés por participar de procesos electorales no es menor. Entonces ¿por qué no considerarlos?
Al no hacerlo nuevamente caeríamos en una actitud segregadora, distante de los principios de accesibilidad universal e igualdad para participar en la vida política y pública. ¡Esta es la oportunidad!
