La Corte de Apelaciones acogió a trámite la acción legal de la comunidad en contra del MOP y la concesionaria CANOPSA, acusando la falta de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto que tendría un trayecto entre Puchuncaví y Nogales, más dos variantes: Puchuncavi-Maitencillo y Maitencillo-Ventana.
El objetivo es obligar al Ministerio de Obras Públicas y CANOPSA a ingresar este proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, SEA.
La acción legal busca evitar el daño ambiental que ya se está generando en la zona con el corte de árboles protegidos como los Bellotos del Norte, la destrucción de vertientes, humedal y flora nativa. El escrito señala que un proyecto de tal envergadura producirá graves impactos en el medioambiente de la zona y que vulnera dramáticamente el derecho de los habitantes de la comuna de Puchuncaví de vivir en un ambiente libre de contaminación.
Al respecto, el abogado de la causa, Miguel Alwyn, explicó que “la ejecución de este proyecto no ha contado para nada con la opinión o la posibilidad de participación de parte de las personas que viven a los alrededores y que ya están afectadas en una zona de sacrificio tan grande como lo es la zona de Puchuncaví”.
El proyecto
La ampliación de la carretera F20, que está en pleno desarrollo es una obra de 61 km, 4 pistas, 100 km/hora entre Nogales -Puchuncaví, con nuevas extensiones Puchuncaví-Maitencillo y variante Maitencillo-Ventanas, en que se incorporan 4 puntos adicionales de peaje. La propuesta corta en dos, sin posibilidad de conexión, el antiguo camino a Maitencillo (actual camino de tierra) y que conecta con la Avenida del Mar/Aguas Blancas.
Esta autopista abarca las localidades de Los Maquis, Pucalán, Campiche, Maitenes, Horcón, Ventanas, Puchuncaví, Rungue, El Paso, Cerro Tacna, Maitencillo, afectando parceleros, microempresarios, residentes y condominios de la zona: La Divisa, Boldo del Mollar, Polo Maitencillo, Alta Vista, Las Hermanas, El Mirador, Lomas de Maitencillo, Alto Rungue, Boldo del Pangal, El Claro de Maitencillo y otros. Los trabajos se encuentran en plena ejecución en la ruta F20, desde la actual rotonda Camino a Nogales y que se une a la ruta F30, entrada Maitencillo Sur y que conecta con Cachagua y Zapallar.
Según la relicitación del trayecto, ejecutada en junio 2020, el objetivo de este proyecto es “dotar de mayor capacidad a la concesión actual, disminuir actuales niveles de congestión, proporcionar mejores estándares técnicos a los existentes en la ruta actual y mejorar confort y seguridad para los usuarios”, razones todas absolutamente falsas bajo el punto de vista de los usuarios del camino y de los residentes en la zona.
Se trata de un enorme proyecto que altera profundamente la tranquilidad y seguridad de la zona, solo beneficiaría a veraneantes ocasionales y facilita la instalación de un Jumbo y Homecenter, con más de 500 estacionamientos, junto a otro gigantesco proyecto habitacional en la zona de más 14 mil viviendas, lo que ciertamente transformará su fisonomía y tranquilidad, alterando múltiples aspectos que involucran el medioambiente, biodiversidad del sector y la tranquilidad de los habitantes.
Proteger a la comunidad y la biodiversidad
En una primera etapa ya se ha talado bosque protegido en la zona. El trazado de la carretera implica una amenaza para árboles en peligro de extinción, con la acción de corte indiscriminado de especies vulnerables, como es el caso del Belloto del Norte, el Naranjillo, aparte de peumos centenarios, uno de ellos de más de 500 años, así como un muy escaso árbol endémico llamado Tayú del Norte, considerado un fósil viviente y que se encuentra en Puchuncaví, calificado como vulnerable, ubicable solo en 8 localidades.
En este sentido, Flavio Angelini, vocero del movimiento “No a la Autopista F20”, sostuvo que esta ruta va a seguir produciendo impactos sociales y medioambientales. “Esta obra es una obra ilegal porque no ha pasado por un estudio de impacto ambiental, no ha sido ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental, es una obra que debía pasar por el sistema, por su magnitud, por su inversión, porque hace crecer la ruta en un 69% de longitud y en las hectáreas de intervención crece un 222%. Pedimos que se ingrese al SEA y se deje de intervenir el medio ambiente y afectar a las personas”, manifestó.
La autopista de alta velocidad además permitirá que se incorpore un constante tránsito de camiones, circulando en plena comunidad de viviendas, constituirá una fuente emisora de ruido y polución, con riesgos adicionales por tráfico de carga peligrosa y que afectará a pájaros, insectos, seres humanos y la vida en general.
