Este viernes la Contraloría General de la República (CGR) se pronunció sobre el caso del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a dos candidatos presidenciales y otros opositores por los hechos de violencia ocurridos durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social.
El pasado 18 de octubre, la autoridad de Gobierno culpó a la abanderada de Nuevo Pacto Social y ex presidenta del Senado, Yasna Provoste (Democracia Cristiana); a la carta a La Moneda de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social); la diputada y ex timonel de Revolución Democrática Catalina Pérez; y el convencional del Frente Amplio Fernando Atria de instigar la violencia por haber defendido el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos por desmanes en el contexto de las protestas de hace dos años y que lleva meses discutiéndose en el Congreso.
«Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile», dijo Galli.
Tras estas palabras, los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber ingresaron un oficio a Contraloría, que en esta jornada estableció que «ha sido posible advertir que, en los hechos, estas (declaraciones) pueden perjudicar las candidaturas antes mencionadas».
«No procedió que en un contexto de campañas electorales el Subsecretario Galli Basili utilizara los temas de la seguridad pública interior y la mantención del orden público, para realizar críticas a una candidata al Congreso Nacional y a dos candidatos presidenciales», dictaminó el organismo fiscalizador.
Contraloría añadió que «de este modo, para el cumplimiento de las funciones públicas que atañen a su repartición, no resultaba necesario que el Subsecretario del Interior formulara tales apreciaciones subjetivas en sus declaraciones, las que pueden afectar esas candidaturas».
Por todo lo anterior, Contraloría señaló que «procede que dicha autoridad, en lo sucesivo, se abstenga de emitir declaraciones u opiniones con las características antes puntualizadas, a fin de evitar situaciones como las analizadas».
(Fuente: Cooperativa).
