El diputado Andrés Celis presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la Municipalidad de Viña del Mar y la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso. La solicitud responde a la preocupación por la integridad física y la seguridad de los residentes del condominio Santa Sonia, ubicado en el sector El Olivar, donde las lluvias y los incendios de principios de año han generado condiciones de inestabilidad en el terreno, incluyendo un poste de media tensión que representa una amenaza para la comunidad.
“El terreno presenta un alto riesgo de deslizamiento, poniendo en peligro a las viviendas y a las personas que habitan en el lugar. Es inaceptable que las autoridades regionales no hayan tomado las medidas necesarias para mitigar esta situación”, afirmó Celis.
El recurso presentado por el diputado Celis sostiene que la falta de acciones de las autoridades viola garantías constitucionales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de los residentes del condominio Santa Sonia. El documento también menciona que un eventual deslizamiento podría tener consecuencias devastadoras, al igual que los recientes eventos de socavones en otras comunas.
“La inacción de las autoridades no solo es irresponsable, sino también ilegal. La Municipalidad y la Delegación Presidencial tienen el deber de actuar para prevenir desastres, y su pasividad ante un riesgo tan evidente es una negligencia que no podemos permitir”, añadió el diputado, quien solicitó a la Corte que ordene a las autoridades tomar medidas para estabilizar el terreno y asegurar la infraestructura en el sector.
“No podemos esperar que ocurra una tragedia para reaccionar. Esta acción busca resguardar los derechos de quienes viven en Santa Sonia, y espero que la Corte dé una respuesta rápida y efectiva”, concluyó manifestando su confianza en que la justicia priorizará la seguridad de los afectados.
Cabe destacar que el diputado ya había enviado oficios a diversas entidades como el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), además de la Municipalidad, advirtiendo de la urgencia de intervenir en el área afectada. Sin embargo, según Celis Montt, las respuestas han sido insuficientes o inexistentes, situación que lo llevó a recurrir a la vía judicial.
