Luego de 12 años de tramitación legislativa, y a partir de un acuerdo transversal en el Congreso, el Presidente de la República, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha promulgado la nueva Ley de Adopción, hito relevante para el país.
Esta normativa tiene por objeto dar cumplimiento a los compromisos asumidos respecto de quienes se encuentran susceptibles de adopción o en proceso de declararse dicha susceptibilidad. Su finalidad es implementar una serie de modificaciones al procedimiento actual, flexibilizando los requisitos para acceder a la filiación adoptiva, ampliando su titularidad, acortando los plazos del proceso y resguardando el principio del interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Entre las principales modificaciones que incorpora esta ley, se contempla la posibilidad de que personas solteras, convivientes civiles u otras formas de unión, puedan acceder a la filiación adoptiva, sin restringirla exclusivamente al vínculo matrimonial.
Asimismo, se incorpora la opción de que las familias de acogida que han cuidado a un niño, niña o adolescente por períodos prolongados puedan solicitar la adopción, permitiendo la continuidad de un vínculo preexistente.
Otro aspecto relevante de la nueva normativa es la tipificación de un nuevo delito, la obtención ilegal de un niño, niña o adolescente, lo que permite sancionar eventuales casos de adopciones irregulares.
Además, se establece la equiparación de los derechos laborales reconocidos a padres y madres por filiación biológica respecto de quienes ostenten esta calidad como adoptivo.
En la actualidad, se estima que en Chile se concretan alrededor de 250 adopciones anuales. Con la implementación de esta ley, se proyecta que esta cifra pueda duplicarse, lo que implicaría una mejora en el funcionamiento del sistema y en las oportunidades de integración familiar para niños, niñas y adolescentes en un hogar rodeado de amor.
Sin duda, este cuerpo normativo representa un avance importante en esta materia y resguarda de mejor manera a tantos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contextos vulnerables.
Javiera Fernández, académica Carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar
