El diputado del Distrito 7 y profesor, Arturo Barrios, indicó que no es posible mantenerse pasivos ante los últimos hechos de violencia que se han conocido en liceos emblemáticos y universidades: “Quiero denunciar con la mayor preocupación los hechos de violencia que, en los últimos días, han afectado a comunidades educativas emblemáticas de nuestro país. Lo ocurrido en el Instituto Nacional -donde profesores fueron rociados con un líquido inflamable- no solo constituye un límite que nunca debió cruzarse, sino que revela una escalada de violencia que está poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de docentes, asistentes de la educación y estudiantes”.
Asimismo, el parlamentario socialista destacó que “A este hecho gravísimo se suman las amenazas recibidas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde mensajes anónimos advertían de la posibilidad de un ataque armado en el campus, aludiendo incluso a la intención de provocar una masacre. Esto ha generado un clima de angustia y temor entre estudiantes, académicos y funcionarios. Es inaceptable que, en pleno 2025, nuestras instituciones educativas estén sometidas a este nivel de inseguridad y vulnerabilidad”.
El diputado Barrios dijo que “la educación debe ser un espacio seguro. Un espacio donde el diálogo, el respeto y la convivencia democrática sean la regla, no la excepción. Pero hoy, lamentablemente, tenemos profesores amenazados, rectorías sitiadas por la incertidumbre y comunidades que sienten que sus aulas ya no están protegida y quiero plantear aquí una inquietud que es compartida por múltiples actores del sistema educativo: ¿qué herramientas legales tenemos hoy para proteger de manera efectiva a docentes y trabajadores de la educación, tanto en colegios como en universidades?
Porque si bien existen marcos normativos, estos no están respondiendo a la realidad actual, donde los riesgos son mayores, más impredecibles y, a veces, vinculados a delitos graves”.
En esta línea, el parlamentario informó que Chile ya ha avanzado con la Ley 21.188, que protege a los funcionarios de la salud y a los profesores ante agresiones, pero que su alcance es limitado, porque no contempla amenazas anónimas, no cubre situaciones de riesgo masivo ni protocolos obligatorios para instituciones educativas de nivel superior, para lo cual propone revisar y actualizar este marco legal.
Por eso, solicitó que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Comisión de Seguridad y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados evalúen las siguientes propuestas:
1. Una actualización de la Ley 21.188, incorporando a docentes universitarios y disposiciones especiales frente a amenazas graves o anónimas contra comunidades educativas.
2. Protocolos nacionales obligatorios de prevención y gestión de crisis en establecimientos educacionales y universidades.
3. Refuerzo de la presencia policial preventiva en zonas de alta vulnerabilidad educacional.
4. Un sistema de alertas tempranas, con trazabilidad de amenazas, para proteger efectivamente a las comunidades escolares y universitarias.
5. Acceso inmediato a apoyo psicológico y jurídico para los docentes afectados.
Finalmente, el diputado Arturo Barrios reiteró que “No podemos seguir normalizando la violencia en nuestros establecimientos educacionales. No podemos permitir que los profesores trabajen con miedo, ni que los estudiantes vivan amenazados en sus propios lugares de aprendizaje. La democracia se construye desde la sala de clases, y cuando ese espacio se debilita, se debilita todo el país”.
