Tras los 5 informes de la Contraloría General de la República (CGR) que revelaron irregularidades en la gestión de recursos durante el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Valparaíso, se mantienen los cuestionamientos hacia la diputada electa del Partido Comunista (PC), Sofía González, quien fue la delegada presidencial regional de Valparaíso durante la catástrofe.
Según el ente contralor, González suscribió seis contratos con la empresa San Nicolás SpA para arriendo de maquinaria pesada, entre ellas camiones tolva, retroexcavadoras, entre otras, para el retiro de escombros en turnos de día y noche. Justificado por la emergencia, se realizó vía trato directo por un monto total de $6.725.655.566.
Información de la cual Contraloría -según documentos a los que tuvo acceso La Radio- tomó razón el 10 de enero de 2025, cuando emitió su resolución hacia la Subsecretaría del Interior.
No obstante, dicha empresa presentó diferentes irregularidades en su proceso de contratación, partiendo por la composición de la compañía, dado que solo 3 personas la componían: Pedro Briones González, 43 años; Catalina Jara Briones, de 24 años; y Tomás Avilés Tillería, de 20 años. Este último figura como representante y accionista principal de San Nicolás SpA.
La empresa fue constituida recién en 2021, y habría sido tomada por Avilés desde 2023 cuando recién tenia 18 años.
Entre los mayores cuestionamientos al contrato de San Nicolás con el Estado, se encuentra que no hubo una evaluación de la idoneidad técnica, que no se pidieron boletas de garantías y que la empresa no contaba con maquinaria propia ni trabajadores.
