Demoler no pude ser la primera instancia. El argumento era doble: desde la ingeniería, porque no toda deficiencia constructiva compromete la estabilidad de una edificación y porque una evaluación responsable exige un proceso técnico riguroso antes de concluir cualquier cosa; y desde la ética pública, porque la ética de la responsabilidad, en el sentido weberiano, obliga a medir consecuencias, fundar decisiones en evidencia y someter el gesto político al procedimiento.
Hoy tenemos ese proceso técnico. Y su resultado no conduce a donde la autoridad parece haber llegado. El Informe N°2.178.944 del IDIEM de la Universidad de Chile, encargado por el propio MINVU y fechado el 17 de abril de 2026, es un peritaje estructural de 33 páginas elaborado por la División de Estructuras y Peritajes. Sus conclusiones sobre las deficiencias son categóricas: los paneles FastWork no satisfacen las exigencias de diseño frente a esfuerzos de corte; los tabiques Metalcon presentan factores de utilización superiores a 1,0 frente a esfuerzos de corte y compresión; los pilares 75x75x3 no cumplen con las resistencias requeridas; y las deformaciones entre piso superan los límites normativos en ambos niveles y en ambas direcciones sísmicas. Son hallazgos serios, que no merecen ser minimizados.
Pero el mismo informe destina una sección completa a la factibilidad técnica del reforzamiento. Y concluye que es posible. Propone incorporar arriostramiento vertical de acero en los ejes transversales, reforzar los ejes longitudinales con riostras metálicas y paneles Metalcon correctamente dimensionados, y agregar arriostramientos horizontales en el cielo del segundo piso. Ofrece incluso esquemas de solución para cada caso. No hay en el informe una recomendación de demolición. No la hay.
La pregunta que se impone, entonces, es qué lee la autoridad cuando lee un informe técnico. Y, de paso, qué leen los medios cuando cubren una decisión que ese informe no respalda: este sábado, la portada de El Mercurio de Valparaíso anunciaba con toda naturalidad la demolición de más de 50 viviendas, como si se tratara de una conclusión inevitable. No lo es.
Vuelvo al argumento de fondo, porque los nuevos antecedentes no lo contradicen: lo confirman con una nitidez incómoda. La demolición, sostuvimos antes, debiera ser siempre la última ratio. No solo por su costo fiscal, que es considerable, sino porque impone consecuencias sociales, urbanas y humanas que el Estado no puede ignorar: desplazamiento de familias que no eligieron los materiales de sus casas, pérdida de inversiones ya ejecutadas, litigios, postergación de la solución efectiva. Incluso frente a fallas graves, la pregunta no es únicamente si hubo error, sino cuál es la respuesta más razonable desde el punto de vista de la seguridad, la proporcionalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.
El informe del IDIEM responde exactamente esa pregunta. Y responde que el reforzamiento es técnicamente viable. Que entre el diagnóstico severo y la demolición existe un camino que la ingeniería puede recorrer. Ignorar esa conclusión no es una decisión técnica: es una decisión política que prescinde de la técnica.
Eso tiene consecuencias que van más allá del caso concreto. Cuando el Estado encarga un peritaje para fundar una decisión y luego esa decisión no guarda coherencia con el peritaje, se produce una fractura en la cadena de legitimidad que debiera sostener el ejercicio de la autoridad pública. No se trata de que la autoridad deba seguir ciegamente cualquier informe; se trata de que, si se aparta de él, tiene el deber de explicar por qué. Qué consideraciones adicionales pesan. Qué el informe no contempló. En qué difiere su lectura de la técnica de la lectura de los ingenieros que firmaron el documento.
Esa explicación no ha aparecido. Y su ausencia es, ella misma, un problema de gobernanza.
Las familias de El Olivar no supervisaron las obras, no aprobaron los planos, no eligieron los proveedores. Recibieron viviendas construidas con recursos públicos, adjudicadas mediante subsidios habitacionales, fiscalizadas por el mismo Estado que hoy anuncia medidas que el informe técnico no respalda. Si hubo negligencia, si hubo incumplimientos graves en la cadena constructiva, esa es una responsabilidad que debe ser perseguida con rigor. Pero perseguir responsabilidades no es lo mismo que trasladar sus consecuencias sobre quienes menos las tienen.
La ética de la responsabilidad, decía Weber, no se mide por la pureza de la intención sino por la seriedad con que se ponderan los efectos de cada acto. Una autoridad que actúa con energía, pero sin fundamento técnico suficiente no ejerce la ética de la responsabilidad: ejerce la ética de la convicción, que es aquella que actúa según principios propios con independencia de lo que la evidencia aconseje.
El informe del IDIEM identifica problemas reales y concluye que el reforzamiento es técnicamente viable. Fue encargado por el MINVU precisamente para orientar esta decisión. Merece ser no solo leído, sino respondido.
Por Henry Wachtendorff
MSc. Economía y Políticas Públicas
