Las millonarias rifas impulsadas por figuras públicas como la influencer Naya Fácil y el futbolista Arturo Vidal han reabierto el debate sobre la legalidad de estos mecanismos en Chile, evidenciando un escenario marcado por vacíos normativos, cuestionamientos técnicos y un creciente número de denuncias por parte de consumidores.
En el caso más reciente, la influencer acumula al menos 15 denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) por irregularidades en sus sorteos, incluyendo participantes que pagaron por números y no fueron considerados en el proceso. Este tipo de situaciones ha encendido las alertas sobre la falta de regulación efectiva en rifas organizadas fuera de los marcos tradicionales.
Un sistema legal restrictivo
De acuerdo con la normativa vigente, las rifas en Chile no son una actividad libre. El ordenamiento jurídico las considera juegos de azar, por lo que su realización está, en principio, prohibida salvo autorización expresa de la autoridad.
En concreto, la legislación —principalmente la Ley N° 10.262 y su reglamento— establece que solo pueden organizar rifas entidades sin fines de lucro, como fundaciones, instituciones de beneficencia o deportivas, y siempre con autorización previa del Ministerio del Interior o autoridades regionales.
Además, estas deben cumplir exigencias estrictas: acreditar personalidad jurídica, detallar el destino de los fondos, realizar el sorteo ante notario y solicitar permisos con antelación.
Cristián Araya Pefaur, docente de la Universidad del Alba, explica que “el marco normativo chileno fue diseñado para rifas de carácter benéfico y no para dinámicas comerciales masivas a través de redes sociales. Hoy existe un vacío legal evidente: estas actividades no están expresamente permitidas, pero tampoco existe una fiscalización eficaz que las aborde”.
El problema: rifas comerciales fuera del marco legal
El conflicto surge cuando estas dinámicas son replicadas por personas naturales —como influencers— con fines comerciales. En esos casos, expertos coinciden en que no encajan dentro del marco legal vigente.
Según análisis jurídicos recientes, este tipo de rifas operan en una “zona gris”, donde no existe una regulación específica que las autorice ni mecanismos claros de fiscalización.
Incluso, el académico advierte que, desde una interpretación estricta del derecho chileno, podrían considerarse derechamente ilegales. “Las demás apuestas y rifas son irregulares en el derecho chileno”, señaló el abogado de la Universidad del Alba.
Voces académicas: el vacío normativo
Desde el punto de vista técnico, estas rifas pueden vulnerar normas de protección al consumidor y eventualmente configurarse como contratos sin validez jurídica:
“Si no hay una entidad autorizada ni un proceso regulado, el consumidor queda desprotegido. En muchos casos, los términos y condiciones no tienen fuerza legal, lo que impide exigir responsabilidades en caso de incumplimientos”, explica el especialista.
El fenómeno ha crecido de la mano de las redes sociales, donde la masividad permite recaudar cifras millonarias en poco tiempo. Sin embargo, la legislación no ha evolucionado al mismo ritmo.
Actualmente, existen iniciativas legislativas en discusión que buscan regular, por ejemplo, el sorteo de propiedades, ampliando la posibilidad a personas naturales bajo ciertas condiciones, como transparencia, actos públicos y control notarial.
Mientras tanto, el escenario sigue marcado por la incertidumbre: consumidores expuestos, organizadores operando en una zona gris y autoridades con herramientas limitadas para fiscalizar.
En este contexto, los casos de rifas impulsadas por figuras públicas no solo evidencian un fenómeno en expansión, sino también la urgencia de actualizar el marco legal para evitar abusos y otorgar certezas tanto a organizadores como a participantes.
