El aumento de la violencia y el uso de armas de fuego no puede comprenderse sin una debilidad estructural crítica: la insuficiencia del control fronterizo. En nuestra región donde el 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, el contexto nacional se agrava por la facilidad con que redes criminales transnacionales ingresan armamento mediante circuitos irregulares.
Las armas llegan al crimen organizado, por el mercado civil a quienes le sustraen armas, por el canal comercial, y la negligencia o transacciones fraudulentas, arsenales de FFAA y Policías, por perdidas y robos, trafico organizado, y por las fronteras hoy ya articulado y la fuga de municiones, en mercado negro o ventas fraudulentas, así se nutre el crimen de poder, violencia y control territorial, según reporte OEA 2025.
Este fenómeno tensiona directamente el marco jurídico vigente. La Ley N° 17.798 sobre Control de Armas impone restricciones a la tenencia y circulación. Sin embargo, la norma opera en fases reactivas. A su vez, el Decreto Ley N° 1.094 sobre Extranjería y la Ley Orgánica de Aduanas asignan funciones de control fronterizo, pero su ejecución enfrenta limitaciones materiales y de coordinación interinstitucional y casos como los scanner en mal estado.
La solución exige una política integral. Primero, fortalecer el control de carga terrestre y aérea mediante escáneres obligatorios y fiscalización basada en riesgo, conforme a las facultades aduaneras. Segundo, implementar sistemas tecnológicos en frontera para vehículos menores, con interoperabilidad entre policías, Aduanas y el Ministerio Público. Tercero, reforzar la seguridad portuaria bajo estándares de trazabilidad de contenedores y control de buques.
Sin un uso eficaz de estas herramientas legales y sin reforzar la capacidad operativa del Estado en frontera, la persecución penal seguirá siendo tardía. El control fronterizo no es accesorio: es una condición jurídica y material indispensable para contener la expansión del crimen organizado y resguardar la seguridad pública.
La ausencia de una estrategia integral, que combine inteligencia y compartirla, trazabilidad y coordinación interinstitucional, transforma el fenómeno en la incapacidad preventiva para detectar y neutralizar rutas de ingreso y así permitimos que el crimen organizado consolide su capacidad operativa y profundice la inseguridad pública.
No necesitamos mas leyes, necesitamos coordinación y que se apliquen, junto con fortalcer a quienes las controlan.
Hector Sandoval Zamora
ingeniero, magíster en seguridad y prevención
Doctorando en gerencia pública y desarrollo.
