La Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá resolver el recurso de protección presentado por Constructora San Sebastián Ltda. en contra de la Resolución Exenta N° 325, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Valparaíso, mediante la cual se decretó la suspensión inmediata e indefinida de la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales.
La acción constitucional sostiene que la resolución constituye un acto ilegal y arbitrario, al imponer una medida provisional que impide a la empresa continuar operando mientras se desarrolla un procedimiento administrativo sancionatorio. Según la constructora, esta decisión vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso, al aplicar una medida excepcional que no ha sido utilizada de manera habitual en procedimientos similares.
Uno de los antecedentes incorporados recientemente al proceso, corresponde al informe complementario evacuado por la Seremi Minvu a solicitud de la Corte de Apelaciones. En dicho documento, la autoridad sostiene que la suspensión se encuentra amparada en el artículo 32 de la Ley N° 19.880. Sin embargo, al responder sobre la existencia de casos similares en la Región de Valparaíso, reconoce que solo fue posible identificar un antecedente previo, correspondiente a una resolución dictada en 2019, no obstante, no deja claro el nombre de la empresa, ni el proceso ni menos el número de resolución de dicho caso.
“Estamos frente a un hecho que es gravísimo y que da cuenta que la Seremia, al amparo de la decisión del ministro de Vivienda han actuado con total arbitrariedad en este caso. No es normal que, en medio de un proceso de investigación en curso, se establezca una medida disciplinaria en contra de la constructora como lo es suspensión en el registro, si es que todavía no existe una resolución y determinación de la justicia sobre los hechos investigados”, sentenció Jaime Barrientos, abogado de la Constructora San Sebastián.
Además, el profesional recordó que se solicitó a la Contraloría General de la República la inhabilidad del ministro Iván Poduje para intervenir en cualquier procedimiento relacionado con Constructora San Sebastián, debido a que antes de asumir el cargo, emitió opiniones categóricas que lo hacen imparcial en el procedimiento.
“Mientras esa solicitud de inhabilidad no sea resuelta, resulta especialmente preocupante que el ministro y funcionarios de su dependencia continúen realizando actuaciones en terreno vinculadas a estas obras. Cualquier intervención sobre inmuebles o estructuras que forman parte de una controversia administrativa y judicial podría afectar la preservación de antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Por eso hemos pedido expresamente que se abstengan de ejecutar nuevas demoliciones o intervenciones hasta que exista una evaluación técnica objetiva, independiente y con pleno respeto al debido proceso”, indicó.
Desde la Constructora San Sebastián, agregaron que será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que determine si la Resolución Exenta N° 325 se ajustó a derecho y si la actuación de la autoridad administrativa respetó las garantías constitucionales invocadas por la empresa.
Cabe considerar, que en este caso el perito designado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso aceptó el cargo y, en consecuencia, el proceso debería centrarse en lo relativo a pericia ya está en curso.
