La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, y autorizó al Ministerio Público a formular acusación en su contra por el delito de fraude al Fisco reiterado. La investigación apunta a la contratación de una asesora parlamentaria que, según los persecutores, recibió más de $105 millones sin realizar las funciones por las cuales se le pagaba.
El pleno concluyó que existen antecedentes “serios y verosímiles” para permitir que la causa avance hacia un juicio, esto tras los alegatos a cargo de Eugenio Campos jefe Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Entre ellos, mencionó informes de labores sin respaldo real, documentos con firmas falsificadas por imitación y transferencias desde la cuenta de la asesora al entonces diputado y a otras personas vinculadas a su entorno político. La resolución no determina su culpabilidad, cuestión que deberá resolverse en el proceso penal.
Los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado por la Región de Aysén. Según la imputación de la Fiscalía, el parlamentario se habría concertado con Roland Cárcamo, su exencargado de campaña, y con Carla Graf, pareja y posteriormente cónyuge de este último, para obtener recursos públicos mediante una contratación que los persecutores consideran ficticia.
