• Informe establece que Constructora San Sebastián ejecutó las viviendas conforme al proyecto diseñado y exigido por SERVIU y que las principales deficiencias detectadas correspondían al propio cálculo estructural y formulación del proyecto. Pese a ello, las obras fueron suspendidas por una decisión arbitraria de la autoridad
Un duro golpe recibió el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, luego de conocerse los resultados del peritaje judicial realizado para determinar si la orden de paralización de las obras de reconstrucción de la población El Olivar de Viña del Mar, se ajustó o no a derecho.
El informe elaborado por el perito judicial Jaime Berríos Pozas, en el marco de la causa que enfrenta a Constructora San Sebastián con el Servicio de Vivienda V Región, estableció con claridad que la empresa ejecutó las obras de conformidad y en estricto apego al proyecto diseñado y aprobado por el propio SERVIU, y que las principales anomalías detectadas posteriormente estaban asociadas a errores de cálculo estructural y formulación del proyecto de la propia repartición estatal.
Pese a estos antecedentes, el Ministro Iván Poduje, a semanas de haber asumido el cargo ordenó la paralización total de las obras, acusando a la constructora de no cumplir las normas ni calidad, pese a no tener ningún respaldo técnico, para dicha determinación.
“La contradicción es evidente: el Estado diseñó, revisó, aprobó y certificó un proyecto y entregó ese proyecto a la Constructora San Sebastián con 20 años de experiencia, para que construyera las viviendas. La empresa ejecutó las obras al pie de la letra y conforme a esas instrucciones dadas por Serviu. Pero, posteriormente, el mismo Estado, a través de una decisión antojadisa y muy apresurada del Ministro Poduje decidió paralizar la reconstrucción, argumentando deficiencias que ahora el peritaje ubica precisamente en el proyecto aprobado por la propia autoridad”, explicó Jaime Barrientos, abogado de la empresa.
El peritaje, además, establece que los proyectos contaban con permisos de edificación de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar y con los respectivos Certificados de Calificación Definitiva otorgados por SERVIU.
Sin embargo, el 24 de marzo de 2026, SERVIU a petición del Ministro Poduje, dictó el Ordinario N°245 y dispuso la suspensión indefinida de los trabajos de reconstrucción. La decisión se adoptó sobre la base del Informe de Revisión del Proyecto de Ingeniería y Especialidades N°R2, de fecha 23 de marzo.
“El Estado pidió construir así. La constructora construyó así. Y después el Estado paralizó. Es decir, no se trataba de una obra que la constructora hubiera comenzado a ejecutar por iniciativa propia, apartándose de las instrucciones de la autoridad. Por el contrario, la empresa recibió un proyecto previamente aprobado y lo materializó en terreno. Vale decir, la decisión de paralización hoy parece muy difícil de explicar”, agregó Barrientos.
El informe pericial es explícito al señalar que las observaciones relacionadas con el diseño, cálculo estructural y formulación del proyecto correspondían a una etapa previa a la ejecución y que, si existían errores en esos cálculos, estos estaban contenidos en el proyecto aprobado y entregado a la constructora. “Se verificó que lo efectivamente ejecutado por la Constructora corresponde al Proyecto aprobado”, señala el informe.
Y al revisar directamente las obras en terreno, el perito volvió a llegar a la misma conclusión: “No se aprecia que las obras se hayan apartado del proyecto original aprobado”.
En otras palabras, el informe no describe una situación en la que la constructora haya decidido construir algo distinto de lo autorizado. Al contrario, la empresa ejecutó el proyecto que el propio Estado le entregó y posteriormente aparecieron cuestionamientos respecto de ese proyecto.
¿Cuál fue el respaldo técnico para paralizar las obras?
La suspensión indefinida se ordenó el 24 de marzo. Sin embargo, el Informe Técnico A1, fue evacuado recién el 21 de abril, casi un mes después y es el documento que posteriormente sostiene la existencia de fallas graves de diseño y plantea la necesidad de reforzar estructuras ya ejecutadas.
El propio peritaje deja constancia de esta secuencia temporal. Esto significa que la autoridad tomó una decisión drástica de paralización antes de que incluso estuviera emitido ese posterior informe técnico.
“Es preciso preguntarse ahora si el Ministro Poduje actuó con la debida prudencia antes de detener una obra de reconstrucción destinada a familias afectadas por los incendios de 2024”, manifestó el abogado Jaime Barrientos.
Las observaciones constructivas podían corregirse
Según el resultado del peritaje, tampoco se justifica la paralización de las obras en base a las declaraciones que indicaban que la obra estaba completamente defectuosa o imposible de corregir.
Los 11 informes de levantamiento elaborados posteriormente por SERVIU identificaron diversas observaciones en los procesos constructivos. Pero el perito señala que estas podían ser subsanadas durante la ejecución de las obras, en vez de detener indefinidamente la reconstrucción.
El costo de una decisión que dejó las viviendas expuestas
El resultado de esa paralización también aparece documentado en el peritaje. Durante las visitas realizadas en agosto y septiembre de 2026, el perito constató viviendas con distintos niveles de avance, algunas incluso terminadas, conectadas a luz y agua y en condiciones de ser habitadas.
Pero también encontró las consecuencias del tiempo transcurrido con las obras paralizadas: vidrios quebrados, puertas y ventanas robadas, artefactos de baño y cocina vandalizados, peldaños sustraídos y estructuras metálicas completas que habían sido robadas.
El informe había advertido previamente la existencia de estructuras dañadas por vandalismo y robo, incluyendo puertas, ventanas y artefactos de baño y cocina.
“¿Cómo puede una empresa ser responsabilizada y castigada con una paralización indefinida por ejecutar aquello que el propio Estado le ordenó ejecutar?, Esta es una pregunta clave porque cuando se trataba de la reconstrucción de El Olivar, una población devastada por los incendios de 2024, el objetivo debió ser acelerar la recuperación de las viviendas y no generar nuevas demoras, costos y deterioros sobre obras que, según el perito judicial, fueron ejecutadas conforme al proyecto que la propia autoridad había aprobado”, sentenció en forma tajante Jaime Barrientos, abogado de la Constructora San Sebastián.
