El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva ampliación de querella en la arista “Fundamenta” del denominado Caso Audios.
La acción judicial se dirige contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y prevaricación; su pareja, Víctor Gonzalo Migueles, por cohecho y lavado de activos; y los abogados Carlos Eduardo Lagos, Mario Andrés Vargas y Gabriel Moisés Silber (exdiputado DC), por soborno y lavado de activos.
El escrito de ampliación fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el contexto del conflicto ambiental entre la inmobiliaria Fundamenta y los vecinos de la comuna de Ñuñoa, generado por el proyecto “Egaña-Comunidad Sustentable” (Eco Egaña).
Según el CDE, la empresa contrató por cuantiosos montos a los abogados del Estudio Jurídico Lagos, Vargas & Silber para destrabar este problema y buscar una solución, quienes sin asumir el patrocinio de la misma procedieron a realizar determinadas conductas ilícitas para obtener resoluciones judiciales favorables.
En ese contexto, el CDE sostiene en su ampliación de querella que los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber habrían efectuado pagos ilícitos a la exmagistrada Ángela Vivanco a través de Víctor Gonzalo Migueles. El objetivo era que Vivanco, mientras presidía la Tercera Sala del máximo tribunal, realizara gestiones y dictara resoluciones en directo beneficio de Fundamenta.
El CDE subrayó que la exministra Vivanco infringió gravemente sus deberes de imparcialidad al no inhabilitarse, a pesar de mantener estrechos vínculos personales y económicos con el equipo legal de la inmobiliaria.
