Una serie de correos electrónicos internos de SERVIU Región de Valparaíso revelan presuntas presiones a funcionarios para elaborar y suscribir informes técnicos que respaldaran la paralización de las obras de reconstrucción de viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, ejecutadas por Constructora San Sebastián.
Los antecedentes muestran que la suspensión de los trabajos fue ordenada mientras los propios fiscalizadores manifestaban reparos respecto de los fundamentos técnicos de la decisión. Un elemento especialmente relevante es que el Informe Técnico A1 fue elaborado el 21 de abril de 2026, casi un mes después de que se decretara la paralización indefinida, el 24 de marzo.
La cronología abre interrogantes sobre los antecedentes que tuvo a la vista el Ministro de Vivienda, Iván Poduje, para adoptar una decisión que afectó la continuidad de los contratos de reconstrucción.
Los informes comenzaron a solicitarse después de la paralización
El 8 de abril de 2026, la Seremi de Vivienda dictó las resoluciones exentas N.º 285 y N.º 286, relacionadas con la entidad patrocinante y la autorización para que SERVIU asumiera el patrocinio de los proyectos.
Al día siguiente, la jefa del Departamento Jurídico de SERVIU, Inés Pizarro Sandoval, solicitó al equipo de supervisores elaborar informes técnicos sobre la base de antecedentes de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) y de la instrucción ministerial de paralizar las obras. También pidió reunir los antecedentes contractuales y las garantías asociadas a los proyectos.
La comunicación resulta relevante porque los informes destinados a respaldar técnicamente la decisión comenzaron a solicitarse después de que la paralización ya había sido ordenada.
Fiscalizadores denunciaron presiones y cuestionaron los informes
En un correo del 14 de abril, Nicolás Abarca Palacios, supervisor de obras de SERVIU, advirtió que la Resolución Exenta N.º 3384, del 9 de abril, señalaba que los fiscalizadores habían elaborado informes que detectaban graves fallas constructivas. Sin embargo, aseguró que hasta esa fecha ninguno de los funcionarios había emitido ningún documento con esas conclusiones.
El funcionario también cuestionó que se pretendiera inducir el contenido de los informes, señalando que las competencias de los fiscalizadores consistían en verificar que las obras se ejecutaran conforme a los proyectos aprobados y no en validar cálculos de ingeniería.
En su relato describió reuniones realizadas los días 10 y 13 de abril, en las que los supervisores manifestaron su disposición a elaborar informes, siempre que reflejaran el estado real de los proyectos y respetaran sus competencias técnicas.
Sin embargo, sostuvo que el 13 de abril se les solicitó modificar los documentos y mantener como fecha de emisión el 9 de abril, pese a que estaban siendo elaborados posteriormente. También afirmó que se les advirtió que, si no los suscribían, serían firmados por el director de SERVIU y se evaluarían consecuencias administrativas por una eventual desobediencia.
Dos días después, el funcionario volvió a cuestionar los fundamentos de la resolución y sostuvo que sus considerandos cuarto y quinto contenían información que no correspondía a la realidad y condicionaba el contenido de los informes técnicos.
Un informe técnico elaborado después de la paralización
El Informe Técnico A1, fechado el 21 de abril de 2026, contiene un resumen de los informes R1 y R2 y plantea observaciones sobre el diseño estructural de los proyectos.
Entre sus conclusiones identifica deficiencias en el diseño estructural aprobado por SERVIU, precisando que los problemas detectados correspondían al diseño y no necesariamente a la ejecución de las obras. También plantea la necesidad de reforzar elementos estructurales ya ejecutados.
A estos antecedentes se suman 11 informes de inspección de SERVIU elaborados entre el 24 de abril y el 26 de junio, con observaciones sobre procesos constructivos y modificaciones de materialidad.
Todos estos documentos fueron elaborados después de la suspensión indefinida decretada el 24 de marzo, por lo que su oportunidad de emisión y contenido forman parte de los cuestionamientos sobre cómo se fundamentó la decisión ministerial.
Ampliación de querella busca establecer responsabilidades penales
Los correos y antecedentes técnicos fueron incorporados por la entidad patrocinante Social Arquitectura, en una ampliación de la querella presentada en el marco de la investigación judicial por la reconstrucción de El Olivar.
La acción busca esclarecer si determinados informes fueron confeccionados bajo presión y si sus contenidos fueron modificados para hacerlos coincidir con decisiones que ya estaban adoptadas.
A los cuestionamientos sobre los informes que respaldaron la paralización se suma un peritaje que, según la parte querellante, ratifica que no existen fallas constructivas que justifiquen la demolición de las viviendas.
La abogada Erika Maira sostuvo que el documento establece que las observaciones que pudieran existir en otros aspectos del proyecto pueden y deben ser subsanadas conforme a los contratos suscritos y la normativa vigente.
“El peritaje ratifica que no hay fallas constructivas y que las observaciones que pudiesen existir respecto de otros aspectos del proyecto habitacional deben ser subsanadas de acuerdo con lo establecido en los propios contratos suscritos y la normativa vigente. Es más, señala que pueden efectivamente subsanarse y que no es necesaria ni justificada la demolición de las viviendas”, afirmó.
La abogada también advirtió sobre las consecuencias que ha tenido la paralización para las familias y el deterioro de las viviendas, expuestas al abandono, vandalismo y robos.
“Las familias están sufriendo las consecuencias de esta decisión arbitraria del ministro de Vivienda de paralizar su reconstrucción el 24 de marzo de 2026. En definitiva, la demolición es innecesaria y la que se está llevando a cabo actualmente en las viviendas de El Olivar es, además, ilegal”, sostuvo Maira.
