El ministro de Hacienda, Mario Marcel, invitado por la comisión de Agricultura del Senado expuso sobre los costos que ocasionó el sistema frontal que afectó a una amplia zona situada entre las regiones de Valparaíso y Biobío, en junio pasado, cifrando en US$759 millones el daño económico para este evento climático que provocó graves inundaciones.
Este monto se descompone en US$628 millones en daño a la infraestructura pública y viviendas, equivalente al 72% del total; mientras que la afectación a la actividad e infraestructura agropecuaria impactó en torno a los US$131 millones (28% del total). De acuerdo con lo señalado por la autoridad, la zona afectada tiene una mayor concentración urbana y de producción agropecuaria con mayor inversión en tecnología, por lo tanto, el daño en infraestructura fue mayor que en los incendios de inicios de año.
Respecto al primer punto, el mayor costo se registra en rutas y caminos por US$280 millones; viviendas por US$222 millones; seguidos por obras de defensa fluvial y desembarque y encauzamiento de cauces naturales, por US$63 millones; puentes afectados por US$44 millones; puentes con reparación mayor por US$13 millones y finalmente los servicios sanitarios rurales afectados por US$7 millones.
En tanto, al mirar la afectación a la actividad e infraestructura agropecuaria, el mayor costo lo concentran los canales extra prediales, con US$80 millones, producto del barro que los ha cubierto; las 7.912 hectáreas inundadas implican US$26 millones; y el resto se agrupa entre industria, maquinaria, el sector pecuario y colmenas afectadas, por US$25 millones.
«El costo fiscal por las inundaciones llegó a US$ 536 millones, de los cuales US$454 millones corresponderán a inversión del Ministerio de Obras Públicas para reconstrucción y US$80 millones en ayudas tempranas», explicó el ministro Marcel.
Respecto a la actuación del Estado en distintas catástrofes que han azotado al país, la autoridad sostuvo que «en términos de costo o recursos que se han comprometido, en proporción, equivalen a más de lo que se ha comprometido en el caso de recuperación de estructura y ayuda para los incendios. Y ciertamente más que lo que se hizo en el 2017 aunque, como proporción, es mucho menos que lo que se hizo en el terremoto del 2010».
La autoridad señaló que, en el caso de los incendios forestales de 2017, el costo fiscal de esta catástrofe ascendió a US$347 millones, donde la reconstrucción de viviendas fue el principal ítem al que se le destinaron recursos (US$136 millones), seguido por la emergencia misma del combate a los incendios (US$135 millones) y la recuperación de los sectores productivos (US$56 millones). En tanto, el daño económico de los incendios de este año se calculó en US$883 millones, mientras que el costo fiscal alcanzó a US$185 millones.
Por otro lado, el ministro Marcel recordó que la última vez que se recurrió el mecanismo del 2% constitucional fue en el terremoto de 2010, cuyo costo total fue de US$30.000 millones, contando daños a infraestructura y pérdida del PIB (Producto Interno Bruto). Ahora bien, el costo fiscal del terremoto del 27F fue de US$5.922 millones, distribuido en siete años, en los cuales solo se recurrió a este instrumento en el primer año, cuando se usaron cerca de US$1.300 millones.
«El costo del terremoto del 2010 fue de prácticamente 30 mil millones de dólares. Entonces fue en esa circunstancia que se utilizó el 2% constitucional. Ahora, tenemos que recordar que para el terremoto del 2010 se hicieron muchas otras cosas más, porque no solamente se invocó el 2% constitucional, sino que hubo varias modificaciones tributarias para generar mayores ingresos, entre ellas, la aplicación de una sobretasa a los bienes de raíces de mayor valor. También hubo una reasignación de fondos de defensa que estaban en el Fondo Estratégico de la de la Fuerza Armada, que se redestinó a la reconstrucción luego del sismo», profundizó Marcel.
Finalmente, el ministro remarcó que desde esa fecha se ha avanzado en la gestión de las finanzas en provisión de mecanismos de emergencia alojados en ministerios específicos como de Interior y Agricultura, así como de flexibilidad presupuestaria en caso de catástrofe. Por ejemplo, detalló que la flexibilidad se observa en los casos de actividades que estaban programadas en los Ministerios afectados y que producto de la catástrofe no se podrían realizar, por ende, esos recursos pueden dirigirse a la emergencia. O en el caso de programas destinados a alguno de los sectores productivos o infraestructura que resultó dañada, esos dineros pueden ocuparse para atender la emergencia. Algunos, como estos ejemplos, pueden provenir del propio ministerio y otros están contemplados dentro del presupuesto general de la nación.
«Para eventos de esta magnitud, afortunadamente los mecanismos que tenemos no solamente son suficientes, sino que permiten una respuesta más completa que la que se ha dado a eventos anteriores como el terremoto o los incendios de 2017, incluso de magnitud más grande. Proporcionalmente, la respuesta en este caso es más significativa», cerró Marcel.
