El Gobierno echó pie atrás a la adquisición de la propiedad del ex presidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, en medio de los posibles conflictos que aquella transacción tendría con la Constitución.
La decisión fue anunciada a través de un comunicado por el Ministerio de Bienes Nacionales, donde detalla que la no compra de la vivienda responde a su estructura de copropiedad, que es compartida por Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, además de la senadora socialista María Isabel Allende Bussi y la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del ex jefe de Estado.
La participación que tendrían la parlamentaria y la ministra impedirían la transacción, ya que infringen dos artículos de la Constitución.
