La acción legal fue presentada por los ex funcionarios municipales Mario Fuentes y Rafael Sottolichio contra quien resulte responsable por eventual fraude al fisco por más de mil millones de pesos por el no cobro de derechos de extracción y procesamiento hacia la empresa “Áridos Córdova”.
El texto legal pone al descubierto presuntos actos de corrupción que implicarían a ex funcionario de confianza de la alcaldesa Carmen Castillo.
La denuncia por fraude al fisco presentada este martes por los ahora ex funcionarios municipales de San Felipe, Mario Fuentes (director jurídico) y Rafael Sottolichio (secretario de planificación comunal), ha destapado un presunto escándalo de corrupción que involucra a la alcaldesa de San Felipe Carmen Castillo.
Los ex directores agregaron que a pesar de haber alertado a la alcaldesa sobre la irregular actividad de Áridos Córdova, la autoridad no tomó las medidas correspondientes. Desde hace casi una década, esta empresa ha operado en la comuna extrayendo áridos del lecho del Río Aconcagua sin la debida fiscalización, permisos o sanciones correspondientes.
Cabe señalar que durante la administración de Carmen Castillo y a pesar de las reiteradas recomendaciones de Fuentes y otros funcionarios municipales, recién en el segundo semestre de 2024, “Áridos Córdova” junto a otras dos empresas de áridos de la comuna, fueron clausuradas de manera momentánea, ante lo cual dichas empresas presentaron recursos de reposición, obteniendo permisos municipales provisorios con la condición de que regularizaran la normativa medioambiental vigente, lo que hasta la fecha no ha sucedido.
El conflicto alcanza un punto crítico cuando, durante 2024, la administración de la alcaldesa Castillo se negó a clausurar Áridos Córdova, a pesar de los informes que demostraban el considerable daño ambiental y la evasión fiscal. Más aún, durante ese mismo período, el abogado Fernando Castañeda Magna, quien fue designado por la alcaldesa Castillo como juez de policía local subrogante, también defendió legalmente a Áridos Córdova, lo que queda constatado en un registro de una reunión solicitada por Castañeda con el entonces administrador municipal, Hernán Herrera, a través de la plataforma de Ley Lobby, levantando serias sospechas de conflicto de interés y posibles irregularidades en la gestión municipal.
Un incidente particularmente grave ocurrió cuando, en marzo de 2025, durante una inspección realizada por funcionarios municipales en el Fundo La Peña, propiedad entregada al municipio en comodato por el Ministerio de Bienes Nacionales y que colinda con la zona de explotación de la empresa, se descubrió que camiones de Áridos Córdova operaban ilegalmente en el terreno, a pesar de haber sido cercado por el municipio para bloquear cualquier tipo de actividad ilegal. Durante el operativo, las cámaras de seguridad corpóreas de los inspectores municipales registraron que los conductores de los camiones afirmaban tener autorización del entonces administrador municipal, Hernán Herrera. Este hecho, que pone en evidencia la posible complicidad de la administración, fue seguido por la desaparición misteriosa de los registros de las cámaras de seguridad municipales.
El monto total de la deuda fiscal de la empresa, calculado por un informe técnico levantado por la propia Dirección de Obras Municipal en 2024, asciende a más de mil millones de pesos, una suma que sigue sin ser cobrada. A pesar de que Mario Fuentes recomendó proceder con el cobro, la alcaldesa no tomó acciones al respecto.
“Mi decisión de presentar esta querella no solo responde a un acto de justicia, sino también a mi responsabilidad como ciudadano”, afirmó Mario Fuentes tras su renuncia. “Las pruebas son claras y la omisión de la alcaldesa frente a la corrupción dentro de su administración es inaceptable. No podíamos quedarnos callados ante el daño que se estaba ocasionando a la comuna y al fisco”.
Por su parte, Rafael Sottolichio añadió: “Nuestra renuncia y querella buscan resguardar la integridad de la municipalidad y de todos los sanfelipeños. A pesar de nuestros esfuerzos por alertar a la alcaldesa, las acciones de los funcionarios que debían velar por el bienestar público han socavado la confianza en las autoridades locales”.
El caso ahora está en manos de la justicia, y las denuncias presentadas por los ex funcionarios municipales podrían llevar a que las acciones de la alcaldesa y de otros involucrados sean investigadas bajo los cargos de fraude al fisco, conforme al artículo 239 del Código Penal, que tipifica estos delitos en caso de perjuicios al Estado o municipalidades.
Este escándalo de corrupción, en el que se involucra a la máxima autoridad municipal, pone en duda la transparencia de la administración pública en San Felipe y abre una puerta a posibles nuevos descubrimientos de irregularidades dentro de la comuna. La comunidad espera una pronta respuesta de la justicia que pueda esclarecer estos graves hechos y castigar a los responsables del eventual fraude al fisco y a los intereses de todos los ciudadanos de San Felipe.
