El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, recibió el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), donde se identificaron algunas alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales.
Esto a raíz de los datos de más de 500 servicios públicos, entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026. Dichas alertas son señales que hoy se encuentran en proceso de análisis.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el Comité, informó que «dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad».
Se entregaron algunos ejemplos de las alertas detectadas, entre las que figuran, transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.
Además, se habla de patrones de contratación que «podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de «Compra Ágil» en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día».
Asimismo, se da cuenta de más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo. Junto con la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025 durante la administración de Gabriel Boric.
