Este 8 de noviembre se cumplen nueve años desde que el 2011 la joven Pascale Solange Alvarado Soto fue vista por última vez en los alrededores de la medialuna de Puchuncaví. Minutos antes, cerca de las 18.00 horas, había salido del lugar donde realizaba su práctica profesional para juntarse con una compañera a hacer un trabajo, en la población San Alfredo.
Antes de perderse su rastro, la joven de 17 años pasó a una farmacia y cerca de las 18.10 horas llamó a su mamá, quien le devolvió el llamado. Al hacerlo, su progenitora solo alcanzó a escuchar una especie de golpe que habría recibido su hija y un ‘ay’, antes de que se cortara la comunicación. Desde entonces el teléfono móvil de Pascale se apagó y no se le vio más.
Entonces se efectuó la denuncia ante la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Quintero de la Policía de Investigaciones (PDI) y se inició la investigación, que involucró interceptación de teléfonos, investigación a la familia y otras diligencias. No obstante, en noviembre de 2014 la Fiscalía decidió no perseverar con el delito, que había tipificado como secuestro.
Sin embargo, en marzo de este 2020, quien asumió la causa, el fiscal jefe de Quintero, Luis Ventura Pinzón, pidió y logró la autorización para incautar un vehículo Nissan Terrano blanco, “por cuanto según los antecedentes recabados (…) el mismo sirvió como instrumento para la comisión del delito de secuestro y posible homicidio de la víctima”, se señala en la solicitud elevada al sistema del Poder Judicial.
Al respecto, Ventura indicó que «durante el tiempo de investigación se han desarrollado diversas diligencias, las que nos han llevado el día de hoy a estar solicitando audiencia de formalización, la cual se llevará a cabo el 26 de noviembre del año en curso ante el Juzgado de Garantía de Quintero». En la instancia se formalizarán a dos sujetos que ya habían sido mencionados en un reporte policial de 2017.
Cabe señalar que los teléfonos celulares de ambos sujetos habían sido interceptados con anterioridad, no obteniendo resultados positivos, pues uno se encontraba inoperativo y el otro no arrojó tráfico de llamadas. Según se ha podido conocer, uno de los imputados registra domicilio actual en San Felipe y el segundo en Purén.
La representación de la familia de Pascale Alvarado Soto será asumida por el abogado Patricio Olivares, quien también es querellante en el caso de Ámbar Cornejo y representó a los familiares del fallecido profesor de Villa Alemana, Nibaldo Villegas.
