En el marco de la crisis social por la que atraviesa el país y luego de la aprobación del reajuste del sector público acordado en el Congreso Nacional, la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso (UV) acogió la propuesta de la Rectoría de establecer un sueldo mínimo universitario de 525 mil pesos brutos para los funcionarios de jornada completa, además de definir un congelamiento de los sueldos de los directivos superiores de la institución.
Con miras a llevar a cabo esta última medida, la Corporación rebajó la asignación estratégica que se entrega a dichas autoridades en una proporción equivalente al reajuste del sector público, lo que tiene como efecto que el rector, prorrector, secretario general, contralor, vicerrectores y decanos de las 11 facultades mantendrán sus sueldos en el mismo monto actual al menos por un año más. El resto de los directivos de la institución además no reajustará la asignación que se les otorga por sus responsabilidades. Conviene destacar que diversos estudios dan cuenta que los sueldos directivos de la UV se hallan bajo el promedio del conjunto de instituciones universitarias.
Esta decisión tuvo como propósito proveer los recursos necesarios para aplicar una medida que busca generar mayor equidad en la institución como es el establecimiento de un sueldo mínimo universitario, el que ascenderá a 525 mil pesos brutos, lo que corresponde a casi un 75 por ciento más que el sueldo mínimo actual que rige en el país. Esta disposición tuvo efecto inmediato en las remuneraciones del mes de diciembre que la institución pagó este viernes 20 de diciembre.
“Se trata de hacer una contribución por parte de los directivos superiores, cuyo efecto económico nos ha permitido aumentar las remuneraciones más bajas y establecer este sueldo mínimo universitario, que es una forma concreta de generar equidad”, explicó el prorrector de la casa de estudios, Christian Corvalán, quien además destacó el apoyo de la Asociación de Funcionarios de la UV a esta medida.
La Universidad de Valparaíso además definió adscribir de modo general al reajuste del sector público, lo que supone un esfuerzo importante para sus finanzas, ya que a diferencia de otras reparticiones públicas, cada vez que se fija este aumento el Estado no entrega los recursos para dicho fin, salvo los bonos.
