La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó el proyecto de reajuste al sector público, el cual fue despachado a Sala con la polémica «norma de amarre».
El artículo que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratas se dejó en dos años, plazo que fijaba el proyecto original y que intentó cambiar el Ejecutivo mediante una indicación que fue rechazada por los diputados de la comisión legislativa.
«En otras palabras, un funcionario público con dos años de servicio puede elevar un requerimiento a Contraloría si considera que su desvinculación fue injustificada. Cuando los funcionarios cuenten con, a lo menos, dos años de servicios continuos en calidad de contrata en la respectiva institución empleadora, podrán reclamar cuando se hubieren producido vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación ante la Contraloría General de la República», explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Asimismo, en relación al artículo que establece que los asesores directos de carteras de gobierno deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026, la comisión aprobó la modificación que busca asegurar el respetar el fuero maternal, así como dejar fuera de ese deber a funcionarios de planta en funciones antes del inicio del gobierno.
«Los parlamentarios también visaron el artículo que permite la transferencia de recursos por parte de los Gobiernos Regionales a empresas estatales para proyectos de inversión; el referido a la autorización para que las mutuales puedan integrarse al sistema de salud para la reducción de las listas de espera; y rechazaron el que propone un nuevo calendario para la entrada en vigencia de algunos SLEP, así como el que permite reducir las evaluaciones de la Agencia de la Calidad de la Educación por razones presupuestarias», destacó el Gobierno.
